La trabajadoras de limpieza de la UCA alzan la voz por las condiciones laborales
La Universidad de Cádiz (UCA) ha sufrido un duro revés por parte del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía (TARCJA), por el que ha decidido anular el pliego de condiciones del servicio de limpieza
La Universidad de Cádiz (UCA) ha sufrido un duro revés por parte del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía (TARCJA), por el que ha decidido anular el pliego de condiciones del servicio de limpieza (Expediente n.º EXP044/2024/19), tal como había denunciado ya, desde hace más de un año, el sindicato Autonomía Obrera.
Según el sindicato, la resolución del TARCJA viene a confirmar todas las irregularidades reiteradas por la UCA en la gestión de este contrato, hasta el punto de calificar su actuación de contraria a los principios de "transparencia, igualdad y libre concurrencia".
Unas acusaciones muy graves que apuntan al contenido del pliego así como también lo hacen a la actitud de la propia institución, que ha mantenido -según indica el sindicato- un "silencio vergonzoso" ante las solicitudes de información y denuncia que han sido presentadas desde hace más de un año.
La falta de transparencia habría provocado una escasa participación de licitadores en un concurso que, por su naturaleza, debía de tratar de suscitar el interés de múltiples empresas. En esta última licitación, tan solo tres empresas se han presentado y con ellas sus ofertas, de las cuales dos impugnaron el resultado, alegando que había habido un desigual y falta de imparcialidad en lo que es el proceso por parte de la Universidad.
Pliego suprimido y acusaciones a la UCA
El pliego ahora anulado suprimía más de 54.000 horas de servicio en relación al contrato anterior, sin que existiese un informe técnico que justificara esta sorprendente reducción. Sin embargo, pese a esa merma de horas, el presupuesto de la licitación subió en un 21%, una evidente contradicción que, según Autonomía Obrera, confirma la "inviabilidad" del modelo que defiende la UCA señalando su falta de rigurosidad.
Para el sindicato, esta situación viene a poner en evidencia una "actitud autoritaria y poco profesional" por parte de los responsables del servicio de limpieza de la Universidad.
Señalan que, en contratos anteriores, se hicieron una serie de modificaciones para beneficiar a una adjudicataria concreta, de esta forma se perjudicó, de forma directa, al colectivo de trabajadoras, compuesto en su inmensa mayoría por mujeres, que vieron como se amortizaban puestos de trabajo sin la necesaria documentación hasta cuatro años después.
Autonomía Obrera tacha el funcionamiento del servicio de limpieza como propio de un modelo inviable que ha sido tolerado y amparado por la institución académica. Van más allá y denuncian lo que consideran un caso de "prestamismo laboral", en el que la empresa adjudicataria actúa como una simple pagadora de nóminas mientras que las decisiones sobre el servicio recaen en la UCA.
El TARCJA ha apuntado también a aspectos concretos del pliego que perjudican directamente a las trabajadoras, tales como pudieran ser la cláusula que permite no cubrir las bajas por incapacidad temporal hasta pasados 18 días, una medida que, según la resolución, está en contra la salud laboral del personal.
Autonomía Obrera exige que la Universidad de Cádiz que no se vuelva a publicar un nuevo pliego sin que medie una reunión previa con los comités de empresa. Reclaman que se restituyan las condiciones laborales anteriores así como que se recuperen las horas recortadas y se garantice la estabilidad del personal afectado. Igualmente piden que se introduzcan mejoras sociales y económicas en el nuevo proceso de licitación.
El colectivo de trabajadoras, formado en más del 95% por mujeres, sigue soportando una carga de trabajo que valoran como de insostenible, fruto de años de precarización sistemática. La anulación del pliego por parte del TARCJA implica un giro evidente en su lucha y abre la puerta a que se tomen medidas correctoras. El foco ahora está en la respuesta que dará la UCA, que tiene la obligación a rehacer un pliego que ha sido desautorizado en los tribunales.