Las trabajadoras de Ayuda a Domicilio de Cádiz anuncian una huelga y un calendario de protestas
Acusan a Óbolo de múltiples incumplimientos y al Ayuntamiento de complicidad con la empresa
La plantilla de la Ayuda a Domicilio de Cádiz va a aumentar la intensidad de sus protestas y su lucha con la empresa concesionaria Óbolo y el Ayuntamiento. En una asamblea celebrada este miércoles, las trabajadoras acordaron iniciar la tramitación del expediente de huelga y la preparación de un calendario de protestas, que se anunciará en los próximos días.
La decisión se produce tras semanas de creciente tensión y después de un Pleno municipal marcado por la bronca, los gritos de “municipalización ya” y un enfrentamiento directo con el alcalde Bruno García. Desde el comité de empresa advierten que el conflicto no se resolverá hasta que se garantice la aplicación íntegra de los acuerdos firmados en el SERCLA y se aseguren salarios estables.
En su comunicado, el comité responde a la nota difundida por la empresa en la que acusaba a las trabajadoras y al equipo de coordinación de mentir. “Es inevitable dar respuesta: aportaremos todas y cada una de las denuncias interpuestas en Inspección de Trabajo y los escritos que la empresa nunca respondió”, señalan.
Entre los incumplimientos denunciados, mencionan:
- Trabajadoras sin certificado de empresa,
- Empleadas dadas de alta de forma indebida y con la prestación de maternidad suspendida,
- Auxiliares que cobran menos horas de las que trabajan,
- Trabajadoras en IT que no perciben su antigüedad.
Además, denuncian que Óbolo no ha entregado correctamente las nóminas de agosto —rectificadas en dos ocasiones— ni ha presentado las de septiembre, y que sigue sin facilitar al comité la relación de contrataciones, listados de personal ni registros de jornada.
Críticas al Ayuntamiento
El comité también carga contra el equipo de Gobierno municipal. “Su única preocupación es que se paguen las nóminas para tapar su incapacidad política. Ahora, el Ayuntamiento no solo miente: es cómplice de Óbolo”, afirman.
En ese sentido, insisten en que el cumplimiento de los acuerdos del SERCLA “no puede ser transitorio, debe ser definitivo”, y avisan: “Mientras el alcalde no lo garantice, seguirá teniendo un problema con este colectivo”.
La crisis comenzó el pasado 1 de agosto, cuando Óbolo asumió la gestión del servicio. Desde entonces, las trabajadoras han denunciado salarios de céntimos, retrasos en los pagos y la falta de aplicación del plus de 200 euros pactado en el SERCLA.
El 25 de septiembre, la indignación estalló en el Pleno municipal, con medio centenar de trabajadoras interrumpiendo la sesión durante una hora y enfrentándose al alcalde. Aquella jornada marcó un punto de inflexión: desde entonces, el comité acusa al Gobierno local de proteger a la empresa y ha endurecido su discurso con la amenaza de huelga.