Laura, con un bebé y otro hijo, frente a un desahucio en Cádiz: el drama que la Junta aún puede evitar
La Apdha reclama que se frene el lanzamiento de una familia vulnerable en una vivienda pública de AVRA
En Cádiz cada vez es mas un privilegio poder acceder a una vivienda, ya sea en propiedad o en alquiler. Las historias de desahuacios y desalojos se suceden sea cuál sea la siuación por la que atraviesa la familia que tendrá que abanadonar su vivienda. Pero cuando es una administración la que está detrás del desalojo, es más difícil de entender.
Esa es la historia de Laura, que vuelve a poner rostro al drama que viven cada vez más familias trabajadoras. Madre de tres hijos —uno de ellos un bebé de apenas un mes—, Laura se enfrenta en los próximos días a un desahucio ordenado por la Junta de Andalucía, que amenaza con dejarla en la calle.
Ayer mismo, el Sindicato de Inquilinas de Cádiz denunció otro intento de desahucio en la ciudad, en este caso promovido por el BBVA y el fondo buitre Divarian. Dos historias distintas, pero con un mismo trasfondo: la dificultad creciente para mantener un hogar en una ciudad donde la vivienda se ha convertido en un bien de lujo.
El caso de Laura ha sido denunciado por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha), que pide la paralización inmediata del lanzamiento y una alternativa habitacional que evite que los menores queden desamparados.
La organización recuerda que el derecho a una vivienda digna está recogido en el artículo 47 de la Constitución, aunque para muchas familias gaditanas, ese derecho hace tiempo que se volvió una quimera.
La vivienda en cuestión pertenece a AVRA, la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, y llevaba más de cinco años vacía antes de que Laura decidiera entrar a vivir en ella. Las paredes estaban llenas de humedades, el baño era inservible y el suelo, levantado por la humedad.
“Era un sitio abandonado, pero era lo único que tenía. Lo arreglamos poco a poco, con ayuda de amigos, para que mis hijos tuvieran un sitio donde dormir”, cuenta Laura, que prefiere no mostrar su rostro por miedo a represalias.
Durante año y medio, esta familia ha intentado regularizar su situación. Según la Apdha, han llamado y escrito a la Junta de Andalucía en varias ocasiones, sin obtener respuesta. “Ni siquiera los han querido escuchar”, lamenta el colectivo, que ha acompañado a la familia en todo el proceso.
Una realidad que se repite
El caso de Laura no es aislado. “Cada desalojo es una familia, una historia truncada, un niño que deja de dormir tranquilo”, señalan desde la Apdha. El incremento de los alquileres, la escasez de vivienda pública y la falta de rehabilitación del parque existente han convertido la vivienda en el principal problema social de la provincia.
Desde la entidad denuncian que AVRA mantiene numerosas casas vacías. “Algunas llevan años cerradas simplemente porque nadie quiere asumir el coste de rehabilitarlas. Es una irresponsabilidad que tiene consecuencias humanas muy graves”, apuntan.
La Apdha no respalda la ocupación de viviendas públicas, pero recuerda que la desesperación lleva a muchas familias a tomar decisiones límite. “No se puede criminalizar la pobreza”, afirman.
Un desahucio que podría suspenderse por ley
El colectivo subraya que este procedimiento vulnera lo dispuesto en el Real Decreto-Ley 1/2025, de 28 de enero, que suspende los desahucios para hogares vulnerables sin alternativa habitacional. La norma está vigente hasta el 31 de diciembre de 2025.
“Laura y sus hijos cumplen sobradamente los requisitos: no tienen ingresos estables, son familia monoparental y carecen de otra vivienda. Este desalojo, de ejecutarse, sería un incumplimiento flagrante del decreto y del más elemental sentido de humanidad”, afirma la organización.
Además, el procedimiento judicial se está tramitando por vía penal, lo que podría dejar a Laura con antecedentes judiciales. “Es inaceptable que una madre que intenta proteger a sus hijos sea tratada como una delincuente”, denuncia la Apdha.
La Junta de Andalucía, responsable directa del parque público gestionado por AVRA, tiene en su mano frenar el lanzamiento. Según la Apdha, bastaría con ordenar la suspensión en el juzgado hasta ofrecer una alternativa habitacional a la familia.
El Ayuntamiento de Cádiz, por su parte, ha mostrado voluntad de mediar y ofrecer acompañamiento social, aunque no tiene competencias directas sobre las viviendas de la Junta. “El Ayuntamiento puede acompañar, pero la llave real de esta casa está en manos del Gobierno andaluz”, señalan desde la asociación.
La propia afectada señala que desde el Ayuntamiento le han ofrecido una ayuda al alquiler “pero no me alquila nadie al precio que puedo afrontar, tal y como está la situación en Cádiz”.
Un espejo de la crisis de vivienda en Cádiz
Lo que vive Laura es el reflejo de un problema estructural. Cádiz cuenta con una de las tasas más bajas de vivienda pública de Andalucía, mientras los precios del alquiler se han disparado más de un 40% en cinco años, según datos del INE y de portales inmobiliarios.
El resultado es un escenario donde trabajar no garantiza tener techo. Familias con ingresos modestos, pensiones mínimas o empleos temporales se ven abocadas a compartir piso o recurrir a soluciones precarias.
“Llevamos décadas denunciando el abandono de las políticas de vivienda. Se ha privatizado suelo público, se ha especulado con lo básico y ahora se pagan las consecuencias”, sostiene la Apdha.
Una madre que solo pide un techo
En el pequeño salón donde convive con sus hijos, Laura prepara biberones mientras su hijo mayor ayuda a su hermano a dibujar. Los muebles son de segunda mano, las paredes recién pintadas con restos de pintura que le regaló un vecino.
“Yo no pido regalos ni privilegios, solo un techo para mis hijos. No quiero vivir con miedo cada vez que suena el timbre”, dice, sin apartar la mirada del carrito donde duerme su bebé.
Mientras espera una respuesta que no llega, Laura se aferra al apoyo de sus vecinos y de la Apdha. “No queremos que esto vuelva a pasar. Cada desahucio en Cádiz es una derrota de todos”, resume un portavoz de la asociación.
Una decisión aún posible
La historia de Laura aún puede tener otro final. Si la Junta de Andalucía decide paralizar el lanzamiento y aplicar el decreto vigente, evitará que tres menores queden desamparados y que una madre sea criminalizada por intentar sobrevivir.
La Apdha insiste: “No se trata de un favor, se trata de cumplir la ley y de defender la dignidad humana”. El reloj corre. Y en Cádiz, una madre aguarda la llamada que podría salvar el único hogar que sus hijos conocen.