Los obispos siguen evitando afrontar el ‘caso Zornoza’: piden “presunción de inocencia” mientras la Santa Sede sigue sin aplicar medidas cautelares
El secretario general confirma que el obispo de Cádiz no ha asistido a la Plenaria y pide “respetar el proceso” mientras el Vaticano decide sobre su renuncia
La Conferencia Episcopal Española (CEE) cerró este viernes su Asamblea Plenaria sin dar un solo paso concreto para afrontar públicamente el escándalo que sacude a la Iglesia española: la investigación canónica abierta contra el obispo de Cádiz y Ceuta, Rafael Zornoza, por presuntos abusos sexuales a un menor cuando era sacerdote en Getafe en los años noventa.
Ni el presidente, Luis Argüello, dedicó más de unos segundos al tema en su discurso inaugural del martes, ni la institución ha ofrecido explicación alguna sobre por qué no se han adoptado medidas cautelares contra el prelado.
La única referencia oficial llegó hoy, en la rueda de prensa final del secretario general de la CEE, Francisco César García Magán, que confirmó lo que ya era evidente en las imágenes y acreditaciones: “No ha participado el señor Zornoza en la Plenaria”.
Tampoco lo hizo el obispo de Jerez, José Rico Pavés, lo que ha dejado sin representación episcopal a la provincia de Cádiz en la cita más relevante del año para la jerarquía española.
Preguntado por los medios, Magán volvió a aferrarse a los dos argumentos que la Conferencia Episcopal viene repitiendo desde que estalló el caso: la presunción de inocencia y el derecho de las víctimas a denunciar.
El secretario general insistió en que toda persona, “también un obispo”, tiene derecho a que se respete ese principio, al tiempo que remarcó que quienes han sufrido abusos deben poder acudir “a las instancias oportunas” para plantear sus casos.
Lo hizo sin aportar ninguna novedad sobre la situación concreta del prelado gaditano ni sobre la posibilidad de imponer medidas cautelares, una de las grandes cuestiones que planean sobre este caso y que varios periodistas pusieron sobre la mesa. Magán evitó entrar en ese terreno y se limitó a recordar que el procedimiento está en marcha en el Tribunal de la Rota de la Nunciatura Apostólica en España.
Según explicó, se trata de un proceso canónico ya judicializado y que, en sus palabras, debe desarrollarse “sin interferencias y con plena autonomía” por parte de los jueces eclesiásticos. Pero no aclaró por qué, a diferencia de otros casos que afectan a sacerdotes, no se ha optado por apartar temporalmente a Zornoza del cargo mientras se investiga.
Al ser preguntado expresamente por la diferencia de trato entre el caso de un sacerdote en Getafe —apartado de inmediato tras una denuncia por abusos— y el del obispo de Cádiz, Magán atribuyó la disparidad a la diferencia de autoridad competente: cuando el investigado es un obispo, recordó, la responsabilidad recae directamente en la Santa Sede.
El secretario general defendió que el asunto se encuentra en manos del Tribunal de la Rota, integrado por “personas altamente cualificadas” y acostumbradas a este tipo de causas, y subrayó que los tribunales eclesiásticos cuentan con un amplio margen de autonomía y libertad en su actuación. Presentó el proceso como “garantista”, pese a que en el derecho canónico las víctimas no pueden ejercer como parte acusadora, algo que asociaciones de supervivientes llevan años cuestionando.
El elefante en la habitación
La comparecencia dejó la sensación, compartida entre periodistas y observadores, de que la CEE sigue evitando afrontar de frente el caso más delicado que tiene ahora mismo sobre la mesa. La primera pregunta del turno de palabra lo resumió con claridad al hablar de la impresión de que había “un elefante en la habitación del que no estamos hablando”.
Magán, de nuevo, se refugió en la fórmula ya conocida: respeto a la presunción de inocencia, respeto al derecho de denuncia y confianza en los jueces de la Rota. No hubo autocrítica sobre la gestión del caso, ni reflexión sobre la ausencia de medidas cautelares, ni mención explícita al impacto que este escándalo está teniendo en la credibilidad de la Iglesia española y en la propia diócesis de Cádiz.
Preguntado por la renuncia por edad que Zornoza presentó hace 15 meses, al cumplir los 75 años, el secretario general se limitó a recordar que esa decisión depende exclusivamente del Vaticano: “Eso es una acción del obispo Zornoza y del Santo Padre. Nosotros ni decidimos ni está en nuestra mano. Cuando se nos comunique desde la Santa Sede, lo comunicaremos”.
En paralelo, Magán sí confirmó avances en el terreno de la reparación a las víctimas de abusos. La Asamblea Plenaria ha aceptado el marco de referencia para seguir negociando con el Gobierno y con el Defensor del Pueblo un sistema que permita canalizar, también a través del plan PRIVA, los casos de personas que no quieran dirigirse directamente a los órganos de la Iglesia.
Según explicó, la Comisión Ejecutiva de la CEE tendrá ahora el mandato de cerrar esa negociación en las próximas semanas. Pero, de nuevo, sin vincularlo explícitamente al caso del obispo de Cádiz, que ha sido el telón de fondo permanente de una Plenaria en la que, al menos de puertas afuera, la Conferencia Episcopal ha hecho lo posible por no mirarlo de frente.