Manifestación en Cádiz contra los 'desahucios invisibles' por el auge del alquiler turístico
Este lunes 30 de junio, el Sindicato de Inquilinas de Cádiz ha convocado una manifestación en la Plaza del Ayuntamiento a las 20:00 horas, en una acción simbólica y de denuncia contra el creciente fenómeno de los desahucios invisibles en la provincia.
La protesta quiere visibilizar la expulsión forzosa que sufren miles de familias cada verano, cuando los contratos temporales finalizan y los propietarios optan por destinar las viviendas al turismo estacional.
Bajo el lema “Las viviendas son para lxs vecinxs, no para el turismo”, se anima a los asistentes a llevar maletas, cajas y muebles como representación de este desplazamiento no reconocido oficialmente.
Desde el Sindicato de Inquilinas advierten que esta situación se ha convertido en una auténtica emergencia habitacional. La vivienda es el principal problema de Cádiz y de su provincia. Y cuando llegan los meses estivales se agudiza la problemática. A todo ello, se añade que el fenómeno de personas que tiene que abandonar su casa de todo el año porque la propiedad la alquila está cada vez más extendido.
Estos llamados desahucios invisibles no pasan por el juzgado, ni requieren orden judicial. Simplemente, cuando acaba el contrato, las familias deben marcharse aunque deseen continuar viviendo allí, y lo hacen sin derecho a prórroga, sin indemnización y sin opción a permanecer en su barrio.
Los colectivos que organizan la protesta, entre ellos también la Federación Vecinal de La Línea y El Puerto Para Vivir, denuncian que en Cádiz se producen más de 4000 casos de este tipo cada año. Solo en la capital gaditana, la cifra de contratos temporales asciende a unos 2000 anuales, lo que refleja un patrón de desalojo sistemático vinculado directamente con la estacionalidad turística.
En plataformas digitales, más del 70 por ciento de los anuncios de vivienda disponibles en Cádiz capital corresponden a alquileres de temporada, lo que reduce de forma drástica la disponibilidad de viviendas para arrendamiento estable.
Esta práctica, según denuncian, se ampara en un vacío legal de la Ley estatal de Vivienda, que no regula específicamente los alquileres de temporada y permite que estas fórmulas se utilicen como atajo para eludir la legislación sobre alquileres residenciales.
En septiembre de 2024, los sindicatos de inquilinas promovieron una proposición de ley para poner freno a esta modalidad, pero fue rechazada en el Congreso de los Diputados. Desde entonces, la situación no ha dejado de agravarse, y muchos propietarios optan directamente por contratos cortos para poder liberar las viviendas justo antes de la temporada turística.
El modelo de arrendamiento temporal no solo precariza el acceso a la vivienda, sino que también impide que muchas personas puedan residir en los municipios donde trabajan. Cádiz, Chiclana, El Puerto o Tarifa son localidades donde esta realidad se vive con especial intensidad.
Las personas afectadas son en su mayoría trabajadores y trabajadoras de la propia zona, muchos de ellos vinculados al sector servicios o al turismo, que no encuentran alternativa habitacional dentro de su entorno laboral.
La mercantilización de la vivienda y la turistificación de los pueblos y ciudades de Cádiz no solo nos expulsa de nuestras casas en verano, sino que nos condena a los empleos precarios del sector turístico que, además, no nos permiten pagar un techo por sus bajos salarios. Así lo expresan desde el Sindicato de Inquilinas, subrayando la contradicción entre una economía basada en el turismo y la creciente imposibilidad de vivir en las ciudades que lo sostienen.
La acción de esta tarde pretende ser un grito colectivo y simbólico para romper el silencio que rodea a esta forma de desalojo, invisibilizada en los datos oficiales porque no pasa por los tribunales. El sindicato ha anunciado que no se trata de una protesta aislada. El próximo 19 de julio, habrá una nueva acción reivindicativa en El Puerto de Santa María, dentro de una campaña más amplia por el derecho a la vivienda y contra la especulación inmobiliaria. La convocatoria de hoy busca sumar fuerza social en defensa de un derecho básico: poder vivir en el lugar donde se trabaja y se desarrolla la vida cotidiana.