PTIS de Cádiz se sienten “abandonados” por la Junta tras una “decepcionante” reunión con la delegada de Desarrollo Educativo
El Personal Técnico de Integración Social (PTIS) de la provincia de Cádiz ha afrontado su tercer día de huelga indefinida con una concentración ante la sede de Educación de la Junta en Cádiz, donde una representación del comité de empresa ha sido recibida por la delegada territorial de Desarrollo Educativo, Isabel Paredes.
Del encuentro, que tildan de “totalmente decepcionante”, han salido “abatidos” por el “abandono” de la Junta de Andalucía, que prefiere “echar balones fuera” en lugar de velar por la calidad del servicio y ponerse del lado de unos trabajadores y trabajadoras que están pasando “verdadera fatiga” tras 20 años de incumplimientos.
Según ha explicado a Cádiz Directo María Jesús Martín, miembro del comité de empresa, la delegada les ha trasladado que el servicio está externalizado y que, por tanto, se trata de un conflicto entre trabajadores y empresa. Le han vuelto a pedir que la Junta tome cartas en el asunto, a lo que les ha contestado no puede hacer eso “sin pruebas”, por lo que ha solicitado que “le demostremos con papeles los incumplimientos que está teniendo la empresa”.
Ante tal salida, el comité de empresa se ha preguntado si no son prueba suficiente para la delegada las personas que se han concentrado bajo su balcón, representantes de 300 monitores de educación especial de la provincia gaditana que, tras encadenar “incumplimientos y deudas de una empresa tras otra durante 20 años, cobrando mal y sin ahorros”, han tomado la “muy difícil” decisión de ir a la huelga.
La representante sindical se ha ofrecido a mostrarle a la delegada su vida laboral, en la que aparece que está cotizando 20 horas cuando está contratada a 25, o incluso las cuentas bancarias que demuestran que le están pagando “mucho menos de lo que corresponde” y que tampoco ha cobrado el mes de agosto de vacaciones.
En este sentido, la delegada les ha facilitado una dirección de correo electrónico para que los trabajadores y trabajadoras le remitan “las denuncias que tengamos”, argumentando que la Junta “no puede sancionar a la empresa adjudicataria si no tiene pruebas”. “En eso se traduce su buena predisposición para resolver el conflicto”, ha ironizado.
Además de lamentar que no hubieran aportado ni siquiera esta opción antes, los representantes de los trabajadores consideran que tal ofrecimiento es una manera de “escurrir el bulto”, pues entienden que, de haber tenido “el más mínimo interés”, una administración pública como la Junta de Andalucía tiene los medios suficientes como para contactar con el Ministerio de Trabajo y acceder a todas las inspecciones individuales y colectivas que ha promovido el colectivo en los últimos años.
Continúan las movilizaciones
Pese a esta nueva “decepción” con la Junta de Andalucía, el colectivo seguirá con las movilizaciones para reclamar unas condiciones “dignas”, que son tan básicas como que la empresa adjudicataria “cumpla el convenio colectivo”.
Así, van a promover mociones en todos los plenos de los ayuntamientos gaditanos, comenzando mañana en Jerez. Asimismo, celebrarán en Arcos una manifestación, a la que se sumarán asociaciones de padres y madres de alumnos y representantes de toda la comunidad educativa. Igualmente, el próximo lunes participarán en Sevilla en una concentración a la que acudirá Personal Técnico de Integración Social de todas las provincias andaluzas.
Tal y como vienen manifestando, el colectivo considera que la Junta de Andalucía no puede quedarse “de brazos cruzados” excusándose en la externalización del servicio, ya que se está llevando a cabo por una empresa pagada con dinero público. Insisten, además, en que la Junta tiene la obligación de garantizar el cumplimiento de los pliegos de condiciones y, fundamentalmente, de velar por la calidad de la enseñanza y la inclusión del alumnado con necesidades especiales en los centros educativos públicos.