Qué hay detrás de la suspensión de la Media Maratón de Cádiz y la protesta policial hasta Reyes
El Ayuntamiento reconoce casi 60.000 euros pendientes por servicios extraordinarios, mientras los agentes acuerdan no cubrirlos voluntariamente hasta Reyes
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La suspensión de la Media Maratón de Cádiz se precipitó el viernes, a dos días de la salida y después de una asamblea de la Policía Local. Los agentes habían acordado la noche anterior dejar de cubrir servicios extraordinarios voluntarios hasta Reyes. La decisión dejó al Ayuntamiento de Cádiz sin los efectivos necesarios para garantizar la seguridad del recorrido.
Para los más de 3.000 corredores inscritos, la cancelación llegó cuando la carrera parecía preparada. Dentro de la plantilla, sin embargo, las reclamaciones llevaban tiempo acumulándose. Los pagos pendientes, los descansos, la uniformidad y las dudas sobre el servicio de playas forman parte de un conflicto que ahora tiene consecuencias fuera del Ayuntamiento.
La versión municipal sitúa el cambio decisivo en la retirada de los agentes que inicialmente se habían presentado voluntarios para cubrir la prueba. Según el Ayuntamiento, había suficientes inscritos para el dispositivo, pero su renuncia el viernes llevó a la Jefatura a emitir un informe desfavorable.
Sin esos efectivos, el Consistorio explicó que no podía garantizar la regulación del tráfico ni la seguridad de los corredores. La organización había intentado activar desde el jueves un refuerzo de voluntarios para el recorrido, pero la carrera acabó suspendida.
Esa secuencia explica la rapidez de la cancelación. También deja una cuestión organizativa sobre la mesa. La cobertura prevista para una prueba con miles de participantes dependía de que los agentes mantuvieran su disponibilidad para prestar servicios fuera de su jornada ordinaria.
El Ayuntamiento reconoce 59.512 euros pendientes
El gobierno municipal ha puesto cifras a una de las reclamaciones. Asegura que durante 2026 ha abonado 511.415,56 euros por servicios extraordinarios de la Policía Local y que tiene otros 53.312,21 euros en tramitación.
A esa cantidad se suman 6.200 euros correspondientes a 2025. Según la explicación municipal, se había solicitado una aclaración entre áreas y el informe necesario no llegó hasta septiembre de este año. Los dos importes pendientes suman 59.512,21 euros.
La respuesta del Ayuntamiento señala que existen servicios realizados y todavía pendientes de pago. La información facilitada no fija una fecha para abonarlos. Tampoco permite saber qué parte corresponde a cada dispositivo o cuántos agentes están afectados.
La plataforma sindical de cinco organizaciones cuestiona que el gobierno local presente los más de 511.000 euros abonados como respuesta al conflicto. A su juicio, esa cifra refleja una dependencia de los servicios extraordinarios que atribuye a la falta de creación de plazas.
Uniformes, descansos y acceso a instalaciones deportivas
Las reivindicaciones de la plantilla abarcan más asuntos. Según las explicaciones de representantes policiales recogidas por Diario de Cádiz, reclaman recuperar el acceso a instalaciones deportivas municipales, resolver los problemas de uniformidad y revisar el régimen de descansos.
También piden extender a la plantilla la indemnización reconocida judicialmente a un agente por la falta de uniformes. Son peticiones sindicales cuyo alcance deberá concretarse en la negociación o en los procedimientos correspondientes.
El anuncio municipal sobre los pagos pendientes ofrece una respuesta a la parte económica del conflicto. Quedan por conocer los compromisos y plazos que plantea el gobierno local para el resto de las reclamaciones.
La sentencia del plus de playas se conoció diez días antes
El antecedente judicial más próximo es la sentencia sobre el plus de playas, conocida el 27 de octubre, diez días antes de la suspensión. El fallo, fechado el 22 de octubre, estimó el recurso de Autonomía Obrera y anuló el acuerdo retributivo aprobado en septiembre de 2024.
Según la información publicada por Cádiz Directo el 27 de octubre, el tribunal consideró que el complemento de productividad remuneraba horas fuera de la jornada ordinaria. La resolución concluyó que esos servicios debían pagarse conforme a las reglas aplicables a los servicios extraordinarios.
El acuerdo contemplaba 35,29 euros por hora y una previsión de 221.399,26 euros para la temporada de 2024. Esa cifra era el coste previsto y no permite establecer cuánto se pagó finalmente. La sentencia preservaba las cantidades ya percibidas y los actos individuales de asignación que hubieran adquirido firmeza.
El Ayuntamiento anunció que acataba el fallo y buscaría otra fórmula administrativa para mantener la vigilancia policial en el litoral. En aquella respuesta no concretó el mecanismo ni cuándo estaría disponible.
Ahora, los representantes policiales incluyen entre sus demandas garantías sobre los servicios de playas ya prestados y sobre la organización futura del dispositivo. Existe así una conexión expresa entre esa incertidumbre y las reclamaciones actuales, aunque la protesta reúne también otros motivos.
Una protesta, de momento, hasta Reyes
La decisión adoptada en asamblea alcanza hasta el 6 de enero. La falta de agentes voluntarios podría afectar a dispositivos deportivos y navideños como la San Silvestre, la Pestiñada y la Cabalgata de Reyes. Su cobertura dependerá de la organización de los servicios y de la evolución de las conversaciones.
La Plataforma de la Mayoría Sindical, integrada por UGT, CCOO, CSIF, UPLBA y SPLCA, sitúa el problema en la planificación del personal. En su comunicado del viernes sostiene que el Ayuntamiento ha convertido la disponibilidad voluntaria de sus trabajadores en un recurso imprescindible para mantener servicios y acontecimientos.
Las cinco organizaciones afirman que los pagos pendientes también afectan a personal de administración, vigilancia e informática. Entre sus ejemplos citan servicios vinculados a Gades Romana realizados hace más de un año, según denuncian.
La plataforma relaciona este malestar con otros compromisos laborales que considera pendientes, como la carrera profesional, el teletrabajo y los planes de pensiones. También advierte de posibles consecuencias en la tramitación de expedientes de Urbanismo y pregunta si el Ayuntamiento tiene garantizados los medios humanos necesarios para el COAC 2027.
Los sindicatos han anunciado además una aportación económica a la investigación del síndrome de Rett, la causa benéfica de la Media Maratón. El Ayuntamiento también ha anunciado una subvención para preservar la finalidad solidaria de la prueba. Ninguna de las dos aportaciones tiene todavía una cuantía concretada en los comunicados.