Seis informáticos quedan fuera del Ayuntamiento de San Fernando y el PP pide explicaciones
El PP exige explicaciones al Ayuntamiento de San Fernando por la salida de seis informáticos tras el cambio de contrato
La situación de seis profesionales que durante años prestaron servicio en el área de informática del Ayuntamiento de San Fernando ha abierto un nuevo frente político en el municipio.
El Partido Popular ha reclamado al gobierno local, encabezado por la alcaldesa Patricia Cavada, que explique las decisiones adoptadas durante la renovación del contrato del servicio después de que estos trabajadores quedaran fuera de sus puestos con la entrada en vigor de la nueva adjudicación.
La formación sostiene que el caso trasciende el ámbito laboral y considera que el Ejecutivo municipal debe aclarar qué actuaciones llevó a cabo para evitar un desenlace que afecta a seis familias.
Los empleados desarrollaban su actividad de forma continuada en dependencias municipales desde hacía entre siete y veintiún años, siempre vinculados al soporte tecnológico que utilizan los distintos departamentos del Consistorio.
El PP de San Fernando pide conocer la gestión realizada durante los últimos años
Según ha manifestado el grupo municipal popular, los trabajadores habían pasado por distintos procesos de subrogación entre las empresas que fueron asumiendo la prestación del servicio informático.
Esa continuidad permitió que siguieran desarrollando sus funciones pese a los sucesivos cambios de adjudicataria, una circunstancia que, según el PP, no se ha repetido con el nuevo contrato.
La formación también recuerda que el servicio permanecía prorrogado desde 2020 y que los propios afectados trasladaron al Ayuntamiento la situación laboral que venían denunciando antes de acudir a la vía judicial.
Los trabajadores presentaron una demanda por una presunta cesión ilegal de trabajadores, un procedimiento que ahora deberá resolverse en los tribunales.
Para el Partido Popular, la existencia de ese proceso judicial no impide exigir responsabilidades políticas. A su juicio, el gobierno municipal debe explicar qué medidas adoptó desde que tuvo conocimiento del conflicto y por qué no fue posible encontrar una solución que evitara la salida de unos empleados que, según destacan, llevaban años desempeñando funciones esenciales para el funcionamiento diario de la administración local.
San Fernando: solicitud de acceso al expediente de contratación
Como primer paso, el PP ha anunciado que solicitará acceso a toda la documentación relacionada con la adjudicación del contrato.
Entre la información que pretende analizar figuran el expediente administrativo, los informes técnicos y jurídicos que respaldaron el procedimiento, así como las actuaciones realizadas por el Ayuntamiento isleño desde que conoció la situación planteada por los trabajadores.
Los populares consideran necesario determinar por qué, en anteriores cambios de empresa adjudicataria, la plantilla sí fue subrogada y, sin embargo, ese mecanismo no se aplicó en esta ocasión.
También reclaman conocer las razones por las que un contrato prorrogado durante varios años ha desembocado en un escenario de incertidumbre laboral para los seis empleados afectados.
Desde la oposición se insiste en que el caso merece una explicación pública por parte del Ejecutivo municipal, al entender que los vecinos tienen derecho a conocer cómo se ha gestionado un servicio considerado estratégico para el funcionamiento cotidiano del Ayuntamiento.
Un conflicto con recorrido político y judicial en San Fernando
El futuro laboral de los seis informáticos dependerá en parte del procedimiento abierto en los tribunales, donde deberá analizarse la demanda presentada por los afectados. Será la Justicia la que determine si existió o no la situación laboral denunciada y las posibles consecuencias que pudieran derivarse de ese proceso.
Mientras tanto, el debate político continúa creciendo. El Partido Popular sostiene que detrás del expediente administrativo existen personas que han desarrollado su carrera profesional durante años al servicio de la administración municipal y que ahora afrontan una situación de incertidumbre.
Por ese motivo reclama que el gobierno de Patricia Cavada ofrezca una explicación detallada sobre la evolución del contrato, las decisiones adoptadas durante su gestión y las actuaciones realizadas para intentar preservar la continuidad laboral de estos trabajadores.
La petición de acceso a la documentación marca el inicio de una nueva fase de fiscalización política sobre este expediente.
Una vez analizados los informes y el resto del procedimiento administrativo, la oposición pretende valorar si la gestión municipal se ajustó a las obligaciones que correspondían al Ayuntamiento de San Fernando durante la renovación del contrato del servicio de informática y si existían alternativas que hubieran permitido evitar el desenlace que ha dejado a seis familias sin continuidad en un servicio que llevaban prestando desde hace años.