El alcalde de Algeciras, Landeluce, de blanco, en una reunión.
Preocupación en Algeciras por el uso indebido de hostales por las ONG.

Tensión entre el Ayuntamiento de Algeciras y las ONG por el uso de hostales como centros de acogida en La Caridad

Remitirá el Ayuntamiento una comunicación al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de España, para trasladar esta preocupación municipal y de los vecinos

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Crece el malestar en el Ayuntamiento de Algeciras hacia algunas organizaciones no gubernamentales que están operando en el barrio de La Caridad, ya que parece que utilizan hostales como centros de acogida sin contar con autorización municipal ni el debido respaldo legal en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

El Consistorio ha expresado su preocupación por lo que considera una concentración excesiva de recursos asistenciales en esta zona, esto podría repercutir y afectar negativamente a la convivencia con los vecinos.

En una reunión celebrada esta semana con representantes de colectivos locales tales como la Asociación de Vecinos Barrio del Carmen, la Asociación de Comercio Tradicional y Mercado de Abastos (Actyma), y la Asociación Cultural RecreArte, entre otros, junto al alcalde José Ignacio Landaluce trasladó la postura del gobierno local anunciando las medidas orientadas a aumentar el control sobre las actividades de las ONG.

“Estamos preocupados y ocupados con esta problemática. Resulta alarmante observar un incremento tan notable de estas actividades sin coordinación previa y sin que el Ayuntamiento haya sido informado”, indicó Landaluce a la par que advertía que “esta falta de comunicación no es razonable. Corremos el riesgo de tensionar la convivencia que tanto ha costado construir en este barrio histórico”.

Hostales de La Caridad utilizados como espacios de alojamiento con fines sociales

Según ha manifestado la concejal de Urbanismo, Yéssica Rodríguez, son diferentes hostales de La Caridad los que se usan como espacios de alojamiento con fines sociales, y esto no está contemplado como uso permitido según el PGOU de la ciudad.

Rodríguez indicó que “los hostales del barrio no tienen autorizadas actividades de uso social”, que también advirtió que se exigirá a estos establecimientos la documentación necesaria a fin de poder asegurar el cumplimiento normativo.

La preocupación del Ayuntamiento no es nueva pues en la pasada primavera, los colectivos de vecinos habían trasladado su inquietud por lo que consideraban una “masificación de actividad social” en la zona. Entonces, el Consistorio se comprometió a buscar un reparto más equitativo de la acción social repartiéndolo por otros puntos del municipio.

En la misma línea, el concejal de Participación Ciudadana, Jorge Juliá, quiso insistir en la necesidad de mantener la paz social ya que “es vital reforzar el diálogo con todos los agentes implicados y buscar soluciones equilibradas entre solidaridad y convivencia, con estricto respeto a la legalidad”.

Además del control urbanístico, el Ayuntamiento estima diferentes medidas para reforzar la transparencia y mejorar la coordinación con las ONG. En palabras del propio alcalde, Landaluce, se enviarán varios requerimientos por escrito a las organizaciones a fin de que detallen las actividades que están desarrollando en Algeciras.

Igualmente se remitirá una comunicación al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, para trasladar esta preocupación municipal y de los vecinos, y solicitar su colaboración en la búsqueda de soluciones.

Por su parte, la concejal de Igualdad y Bienestar Social, Paula Conesa, se hizo hincapié en que la intención no es frenar la labor de las ONG, sino garantizar una convivencia adecuada.

Al respecto de ello dijo que “desde nuestro compromiso social, defendemos una actuación solidaria, pero también respetuosa con los derechos de los vecinos. La coordinación institucional es clave para lograr ese equilibrio”.

El alcalde Landaluce concluyó con un mensaje de respaldo a la tradición solidaria de la ciudad pues “el espíritu hospitalario de Algeciras está fuera de toda duda. Pero no podemos permitir que la convivencia se vea comprometida. Invertimos más que nunca en quienes más lo necesitan y ejecutamos con eficacia los planes sociales disponibles. Lo que pedimos es que esa solidaridad se canalice de forma ordenada, legal y consensuada”.

El conflicto entre las ONG y el Ayuntamiento descubre los problemas serios a los que se enfrentan las ciudades que buscan compatibilizar la atención a colectivos vulnerables con la armonía de la vida con los vecinos. La cuestión ahora es si las medidas anunciadas por el Consistorio tendrán ese equilibrio o si, por el contrario, abrirán una nueva etapa de tensión entre la administración y los ONG.