Tres mil euros a cambio de tu vivienda de toda la vida. El desahucio inminente de Juan y Marisol frente al desamparo institucional
El desahucio está programado para el próximo 28 de noviembre a las 08:00 horas
Juan Antonio y Marisol, vecinos del barrio de Cádiz, afrontan un desahucio programado para el próximo 28 de noviembre tras más de 20 años viviendo en la misma casa, una vivienda heredada que perteneció a los abuelos y a la tía de Juan.
La pareja denuncia que el fondo inmobiliario Divarian, sociedad conjunta del BBVA, les ofrece únicamente “3.000 euros y una mudanza” a cambio de abandonar el hogar de toda su vida. “O bien búscate un alquiler que puedas pagar… y si lo encuentras, porque todo es de temporada. A eso nos atenemos en Cádiz”, lamenta Juan Antonio.
La tarde del jueves 13 de noviembre, el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Cádiz convocó a los medios para dar a conocer la situación de la pareja y denunciar lo que consideran “una vulneración clara de derechos”.
Divarian es lo que se conoce como un 'fondo buitre'. Son sociedades que compran grandes paquetes de viviendas, muchas procedentes de procesos judiciales o hipotecas impagadas, a precios muy reducidos, con el objetivo de especular, revender o rentabilizar a través de alquileres elevados.
En este caso, según la pareja afectada, Divarian y BBVA llevan años presionándoles, dificultando cualquier negociación y ofreciendo alternativas que consideran “indignas y alejadas de la realidad de sus ingresos”.
Han pagado hasta 50.000 euros de hipoteca
Juan Antonio cuenta que la vivienda, situada en la calle Matrona Modesta Calvo N5, no tenía hipoteca en el momento de la herencia. El préstamo llegó después, para pagar a sus hermanos la parte correspondiente y para realizar una reforma necesaria, pues la casa era “muy antigua y estaba en mal estado”.
Desde 2008, asegura haber amortizado más de 50.000 euros, hasta que un accidente laboral en la construcción, cambió su vida para siempre.
Juan trabajaba como oficial de primera y hoy carga con una EPOC (Enfermedad Pulmonar Constructiva Crónica), tres hernias discales, fibromialgia, ansiedad y depresión. Marisol también tiene problemas de salud recogidos en un informe que la pareja ha remitido a Servicios Sociales, solicitando que sea adjuntado a Procasa para que se reconozca la vulnerabilidad severa en la que se encuentran.
Una orden de desahucio comunicada por WhatsApp
El pasado 17 de octubre, cuenta Juan, recibieron la orden de desahucio por WhatsApp a través de su abogado de oficio.
“No debería ser legal mandarme algo así por WhatsApp. Tendría que haber sido notificado por el juzgado, con sello. No son formas. Y encima me dicen que no se puede hacer nada y dejan pasar los cinco días para el recurso. Por eso hemos puesto una queja en el Colegio de Abogados”, explica.
La familia ha solicitado un nuevo abogado, pero de momento no han recibido respuesta.
“Todos tienen la documentación, todo está registrado. Yo he tenido que aprender derecho a la fuerza. Los escritos los he hecho yo, de puño y letra. Lo consulté hasta con ChatGPT para orientarme ante tanta presión. Uno tiene derechos, pero si no hay abogado, ¿qué haces?, pues buscarte la vida como puedas.
Una vivienda anunciada con cifras contradictorias
Según señala Juan, la vivienda llegó a anunciarse por 77.000 euros, aunque en el anuncio figuraba también otra cantidad: 189.000 euros. “Eso está puesto en conocimiento del juzgado y de fiscalía. Lo hemos denunciado. Nadie dice nada”, añade.
Tampoco han recibido, por ahora, ninguna alternativa habitacional real. Servicios Sociales les remitió únicamente el teléfono de una agencia inmobiliaria y el de un corredor de Cádiz.
“¿Qué alquiler vamos a asumir con la pensión que cobro? Y además, en Cádiz todo es de temporada. En mayo te echan”, denuncia Juan.
El apoyo del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos
Desde el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos, consideran el caso “indignante”, y aseguran que es “otro ejemplo de fondo buitre cargándose a una familia trabajadora de Cádiz”.
“Solo piden poder quedarse en su casa pagando un alquiler acorde a sus ingresos. Nada más”, explica María Sánchez, una de las portavoces del colectivo.
El sindicato les está asesorando jurídicamente y acompañando en el proceso, aunque reconocen que sus recursos son limitados: “No tenemos filas de abogados. Orientamos, apoyamos y hacemos lo posible caso por caso”.
Desahucio programado para el 28 de noviembre
El futuro de Juan Antonio y Marisol sigue siendo incierto. “Es una angustia diaria… no dormimos. Cada día peor”, admite la pareja.
Acudieron incluso al Defensor del Pueblo, sin obtener respuesta. El trabajador social y su doctora conocen la situación y han derivado a Juan a salud mental “porque hay muchos casos iguales y no pueden hacer nada”.
Mientras tanto, ambos insisten en lo mismo: “Queremos pagar una cantidad justa, acorde a lo que cobramos. No queremos regalos, queremos vivir tranquilos en la casa de nuestra familia”.
Agradecen públicamente al sindicato “su esfuerzo y el apoyo que nos están dando”, en un momento que coinciden en describir como “el más difícil de sus vidas”.
Juan Antonio y Marisol piden el apoyo de la ciudadanía para que el próximo 28 de noviembre la presión popular pueda darles tiempo y alguna solución al respecto. La convocatoria ha sido publicada por el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Cádiz, a las 08:00 horas en la vivienda de la pareja, en la calle Matrona Modesta Calvo N5.