UGT destapa graves incumplimientos en las instalaciones deportivas de San Fernando y prepara acciones legales
Retrasos, material sin entregar y promesas incumplidas: el conflicto que salpica a Campusport en San Fernando
La sección sindical de UGT en la empresa Campusport SL ha decidido llevar a los tribunales los incumplimientos detectados en el contrato de gestión de las instalaciones deportivas municipales adjudicado por el Ayuntamiento de San Fernando en julio de 2025.
El conflicto, que se arrastra desde hace meses, se judicializará tras la ausencia de respuestas políticas y técnicas, pese a las advertencias trasladadas tanto por los trabajadores como por varios grupos municipales en sesión plenaria.
Incumplimientos acumulados sin respuesta oficial en San Fernando
El sindicato sostiene que la decisión se produce luego de agotar la vía administrativa y constatar la falta de medidas de tipo correctoras por parte del equipo de gobierno isleño.
Según la representación laboral, las irregularidades han sido comunicadas oportunamente y de forma reiterada sin que se hayan adoptado soluciones efectivas, lo que ha generado un clima de desconfianza entre la plantilla.
Entre los aspectos señalados figura el retraso en la puesta en marcha de los denominados desayunos saludables, una iniciativa incluida en la oferta de la adjudicataria y valorada durante el proceso de licitación.
Conforme con lo expuesto por UGT, este servicio no comenzó hasta más de nueve meses después de la firma del contrato, y solo tras denuncias públicas en el Pleno municipal.
El sindicato también cuestiona la ausencia del programa de formación específica comprometido por la empresa, otro de los elementos que contribuyeron a su adjudicación. Transcurridos los primeros nueve meses de ejecución del contrato, dicha formación no se ha implantado, lo que consideran un incumplimiento relevante de las condiciones ofertadas.
Medios materiales y promesas no ejecutadas
Las críticas se extienden al ámbito de los recursos materiales. UGT denuncia que los dos vehículos nuevos incluidos en la propuesta inicial no han sido incorporados al servicio. En su lugar, se han utilizado vehículos antiguos procedentes de otras entidades, cuya titularidad se regularizó solo después de las denuncias sindicales.
El colectivo advierte además de la posible intención municipal de aceptar una modificación contractual que permitiría a la empresa evitar la compra de nuevos vehículos.
A su juicio, esta opción plantea dudas jurídicas, ya que afectaría a condiciones que fueron determinantes en la adjudicación del contrato y que no deberían alterarse una vez formalizado.
En cuanto a las mejoras comprometidas en instalaciones, el sindicato detalla incumplimientos concretos. En el complejo de Bahía Sur, de las cinco cintas de correr previstas para el primer trimestre solo se ha entregado una.
Igualmente, no se ha suministrado ninguna de las 14 bicicletas de ciclo indoor comprometidas para el mismo periodo.
Deficiencias que afectan a usuarios y plantilla en San Fernando
Las irregularidades también alcanzan a otros equipamientos. El reloj analógico de la piscina de La Magdalena fue instalado con seis meses de retraso respecto al calendario previsto.
También UGT cuestiona la valoración económica atribuida a este elemento, al no coincidir con los precios de mercado.
El sindicato añade que la aplicación de entrenamiento con 3.000 licencias, valorada en más de 24.000 euros, sigue sin estar operativa en las instalaciones deportivas afectadas.
A ello se añade deficiencias en la dotación de vestuario y equipos de protección individual para los trabajadores, entregados parcialmente y con retraso.
Otro de los puntos señalados es la falta de sustitución de personal durante bajas y periodos vacacionales, lo que, según UGT, repercute directamente en la calidad del servicio y en la carga de trabajo de la plantilla.
La organización considera que estos incumplimientos afectan tanto a los usuarios como a las condiciones laborales, y constituyen un incumplimiento sistemático del contrato vigente.
Con este escenario, el sindicato prepara la vía contenciosa con el objetivo de que se determinen responsabilidades y se garantice el cumplimiento íntegro de las condiciones que rigieron la adjudicación del servicio público.