Un informe técnico avisaba hace siete meses al Gobierno de Cádiz de que no procedía revisar la compra de autobuses híbridos
Pese a las advertencias del área de Movilidad, el Equipo de Gobierno de Bruno García impulsa la revisión «de oficio» de la compra
Según comunicó el propio Bruno Garcia y el Ayutamiento en una nota de prensa, el objetivo es aclarar definitivamente la situación administrativa de los seis autobuses híbridos incorporados en 2022, durante el anterior mandato de José María González Kichi.
El alcalde, Bruno García, defendió el viernes que esta revisión permitirá garantizar la seguridad jurídica y la transparencia del servicio antes de aprobar los pliegos del nuevo contrato del transporte urbano, previsto para el próximo año.
La existencia de dos informes contradictorios ha generado una controversia técnica dentro del Ayuntamiento. Por un lado, la Secretaría General sostiene que la incorporación de los autobuses se realizó prescindiéndose totalmente del procedimiento legalmente establecido, insinuando incluso que pudo tratarse de una contratación verbal.
Por otro, el área de Movilidad ya había señalado en marzo que no procedía abrir ninguna revisión, recordando que Tranvía de Cádiz había comunicado oficialmente la renovación parcial de la flota mediante varios escritos entre 2020 y 2022, y que los vehículos llevan operando con normalidad desde entonces.
Los informes de Movilidad detallan cuatro comunicaciones
De acuerdo con la información publicada por Diario de Cádiz, el informe técnico del área de Movilidad recoge que la empresa Tranvía remitió al Ayuntamiento cuatro escritos:
- 16 de enero de 2020
- 11 de diciembre de 2020
- 21 de diciembre de 2020
- 25 de octubre de 2022
En el último se comunicaba la renovación parcial de la flota, indicando las altas y las bajas producidas. Desde dicha fecha los nuevos seis autobuses híbridos vienen desarrollando su labor en el servicio de transporte urbano de la ciudad de Cádiz, señalaba el documento técnico.
Según la misma información, el informe añadía que la empresa actuó de buena fe, que el coste del servicio no está por encima del de mercado y que continuó prestando el servicio a pesar de los retrasos en la tramitación de los déficits de explotación.