Una falsa oferta de trabajo y una deuda de 10.000 euros, cómo operaba la red de trata desmantelada en Jerez y Sevilla
La Guardia Civil ha detenido a 19 personas y ha liberado a 22 mujeres captadas en Latinoamérica
Síguenos en Google
Una oferta de empleo para cuidar a personas mayores en España era el primer paso de una trama de explotación sexual que operaba desde Sevilla y tenía conexiones en distintas provincias.
La Guardia Civil ha desarticulado esta organización criminal en la denominada operación Bonifaz, desarrollada durante más de nueve meses y con actuaciones en Jerez y Gelves.
El dispositivo se ha saldado con 19 detenidos y 22 mujeres liberadas, a las que la red presuntamente obligaba a prostituirse después de imponerles deudas cercanas a los 10.000 euros.
De una promesa de empleo a las amenazas contra sus familias
La investigación ha permitido reconstruir el procedimiento utilizado para captar a las víctimas. Los integrantes de la organización contactaban con mujeres de distintos países latinoamericanos y les ofrecían la posibilidad de trasladarse a España para trabajar atendiendo a personas mayores.
La propuesta incluía inicialmente los gastos del viaje y las gestiones relacionadas con la documentación. Sin embargo, las condiciones cambiaban cuando las mujeres llegaban a territorio español.
Según las pesquisas, los responsables les retiraban los pasaportes y les exigían devolver alrededor de 10.000 euros en concepto de desplazamiento y alojamiento. Esa cantidad se convertía en el instrumento utilizado para someterlas a explotación sexual.
Las mujeres eran obligadas a ejercer la prostitución en viviendas controladas por la organización. Para impedir que abandonaran la actividad, los investigados recurrían a intimidaciones y amenazas que, en algunos casos, alcanzaban a sus familiares residentes en los países de origen.
El control no terminaba en los inmuebles. Los investigadores comprobaron que las víctimas eran trasladadas periódicamente entre diferentes provincias, una práctica que dificultaba su localización y el seguimiento policial.
Once detenidos en la primera fase, con actuaciones en Jerez y Gelves
La primera intervención importante se desarrolló a finales de septiembre. Los agentes realizaron seis registros en inmuebles vinculados a la explotación sexual, dentro de un dispositivo que incluyó actuaciones en Sevilla capital, Gelves y Jerez de la Frontera.
Esta fase terminó con once personas detenidas y quince mujeres identificadas. Dos de ellas solicitaron protección inmediata y fueron trasladadas a recursos de acogida gestionados por entidades especializadas.
Durante las inspecciones, la Guardia Civil intervino 20.000 euros en efectivo, dos vehículos de alta gama, teléfonos móviles, terminales de pago electrónico y documentación relacionada con la actividad investigada.
También aparecieron contratos fraudulentos y sistemas de videovigilancia que, según los agentes, servían para controlar a las mujeres dentro de las viviendas.
Uno de los aspectos descubiertos fue la relación entre diferentes grupos criminales. Cuando una víctima cambiaba de inmueble, los nuevos responsables asumían la deuda que supuestamente mantenía pendiente. Lejos de reducirse, esa cantidad continuaba aumentando, prolongando la situación de dependencia.
La investigación se extiende a otras cuatro localidades españolas
La segunda fase de la operación permitió ampliar el alcance de las actuaciones policiales. Los investigadores practicaron otros seis registros en Vigo, Mijas, Peñíscola y Alzira, donde fueron detenidas ocho personas más.
En estos inmuebles localizaron a otras siete mujeres y recuperaron 7.780 euros en efectivo, además de dispositivos electrónicos y abundante documentación.
El balance económico de ambas fases asciende a 27.780 euros intervenidos, aunque los investigadores continúan examinando el material recopilado para determinar el funcionamiento de la organización y sus conexiones.
Los diecinueve arrestados han sido puestos a disposición judicial por su presunta participación en delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, explotación sexual, agresión sexual y pertenencia a organización criminal.
La investigación permanece abierta bajo la responsabilidad de unidades de Policía Judicial de la Guardia Civil de Sevilla, incluido el Equipo de Mujer y Menor. Los agentes no descartan nuevas actuaciones a medida que avance el análisis de las pruebas intervenidas.