El gran apagón llega a los tribunales: la OCU reclama responsabilidades a Red Eléctrica y las eléctricas
La OCU da el primer paso judicial por el gran apagón y reclama responsabilidades a Red Eléctrica y a las principales compañías del sector
La organización de consumidores impulsa un acto de conciliación para intentar depurar responsabilidades mientras miles de afectados siguen pendientes de compensaciones por el corte masivo de suministro.
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha iniciado una nueva vía legal para exigir responsabilidades por el gran apagón eléctrico que afectó a millones de ciudadanos.
La entidad ha presentado un acto de conciliación dirigido contra Red Eléctrica, así como contra las principales empresas distribuidoras y comercializadoras del mercado eléctrico, en un movimiento que busca abrir la puerta a futuras reclamaciones judiciales si no se alcanza un acuerdo entre las partes.
La iniciativa llega después de más de un año de incertidumbre sobre las consecuencias del apagón y de las dificultades que siguen encontrando muchos consumidores para obtener compensaciones por los perjuicios sufridos.
La OCU sostiene que la falta de una respuesta definitiva sobre las responsabilidades no puede impedir que los afectados preserven sus derechos frente a una posible prescripción de las acciones legales.
OCU: un trámite previo antes de acudir a los tribunales
El acto de conciliación constituye un mecanismo previsto en el ordenamiento jurídico español para intentar resolver un conflicto antes de iniciar un procedimiento judicial.
Con este paso, la organización pretende que las empresas implicadas respondan a sus reclamaciones y, en caso de no alcanzarse un entendimiento, disponer del camino abierto para acudir posteriormente a los tribunales.
La OCU ya había anunciado meses atrás que estudiaba acciones judiciales al considerar que la ausencia de una determinación definitiva sobre los responsables del apagón estaba dificultando que los consumidores pudieran reclamar por los daños sufridos.
Entre los perjuicios más frecuentes se encuentran la pérdida de alimentos refrigerados, averías en electrodomésticos, interrupciones de la actividad profesional y otros daños derivados de la falta de suministro eléctrico.
Además de las posibles indemnizaciones por daños concretos, la organización recuerda que la normativa eléctrica contempla compensaciones automáticas cuando se superan determinados límites de calidad del suministro.
Según sostiene la entidad, muchos usuarios todavía no han recibido esos descuentos en sus facturas pese al tiempo transcurrido desde el incidente.
Las compensaciones siguen siendo uno de los principales puntos de conflicto
La OCU insiste en que el Real Decreto 1955/2000 establece que las compañías distribuidoras deben aplicar determinadas compensaciones de manera automática cuando se incumplen los estándares de calidad del servicio, sin necesidad de que el consumidor presente una solicitud previa.
La organización considera que ese mecanismo sigue sin haberse ejecutado de forma generalizada tras el apagón.
En sus estimaciones públicas, la asociación ha calculado que, para un hogar urbano con una potencia contratada de 4,6 kW y unas doce horas de interrupción del suministro, la compensación podría situarse en torno a los 17 euros, aunque el importe depende de factores como la duración del corte, la ubicación del suministro y las características del contrato eléctrico.
La organización también ha reclamado la intervención de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para supervisar el cumplimiento de estas obligaciones y valorar, en su caso, la adopción de medidas frente a las distribuidoras que no estén aplicando las compensaciones previstas por la normativa.
Apagón: un escenario judicial cada vez más amplio
La reclamación promovida por la OCU se suma a otros procedimientos relacionados con el apagón que han ido apareciendo en los últimos meses.
De forma paralela, varias compañías del sector eléctrico mantienen abiertos litigios derivados del reparto de responsabilidades por lo ocurrido, reflejando que las consecuencias jurídicas del incidente continúan lejos de cerrarse.
Mientras avanzan esas actuaciones, la organización mantiene activa su campaña para informar a los consumidores sobre las distintas vías de reclamación disponibles y continúa animando a los afectados a conservar la documentación relacionada con los daños sufridos y con su suministro eléctrico.
El objetivo es que quienes consideren vulnerados sus derechos puedan ejercer las acciones que correspondan dentro de los plazos legales establecidos.