La Comisión Europea pide revisar el registro de viajeros: considera excesivos los datos que exige España
La Comisión Europea cuestiona el registro de viajeros impuesto por España y avala las críticas de los consumidores
La apertura de un expediente por parte de Bruselas contra la normativa española sobre el registro de viajeros ha reforzado las críticas que desde hace meses venían formulando asociaciones de consumidores y representantes del sector turístico.
La Asociación Española de Consumidores ha reclamado ahora la derogación inmediata de la regulación aprobada por el Gobierno en 2024, al considerar que la posición de la Comisión Europea confirma que el sistema es excesivo, difícil de aplicar y plantea dudas sobre la protección de los datos personales.
La organización recuerda que ya en diciembre del pasado año manifestó públicamente su rechazo a la obligación impuesta a hoteles, alojamientos turísticos y empresas de alquiler de vehículos de recopilar una amplia cantidad de información de sus clientes.
Desde entonces, asegura haber recibido numerosas quejas relacionadas con el tiempo de espera que genera el procedimiento y con la sensación de intrusión que provoca entre muchos viajeros.
Un registro con 42 datos personales
La normativa obliga a los establecimientos afectados a recabar y comunicar al Ministerio del Interior un total de 42 datos personales de los usuarios. Entre ellos figuran datos identificativos y otra información complementaria que, según los críticos con el sistema, excede lo estrictamente necesario para garantizar la seguridad ciudadana.
La Asociación Española de Consumidores sostiene que la medida resulta desproporcionada y cuestiona además su eficacia real para prevenir actividades delictivas o terroristas. Según expone, quienes pretendan eludir la acción policial difícilmente facilitarán voluntariamente información veraz en este tipo de registros.
La entidad también señala que determinados datos solicitados, como el correo electrónico o el número de teléfono, son especialmente difíciles de verificar en el momento del registro, lo que limita el valor práctico del sistema y aumenta las cargas administrativas para los establecimientos obligados a gestionarlo.
Las críticas no han procedido únicamente del ámbito del consumo. Hoteleros y agencias de viajes también habían expresado durante los últimos meses sus reservas respecto a una normativa que consideran compleja y que incrementa significativamente los trámites asociados a cada reserva o contratación.
La protección de datos, en el centro del debate
Otro de los aspectos que más preocupación ha generado es el relacionado con la conservación de la información recopilada. Según denuncia la Asociación Española de Consumidores, los datos deben permanecer almacenados durante un periodo de tres años en los sistemas de los propios establecimientos.
A juicio de la organización, esta exigencia incrementa los riesgos vinculados a la ciberseguridad y expone tanto a empresas como a clientes a posibles incidentes. El temor no es meramente teórico.
En distintos países europeos se han registrado en los últimos años ataques informáticos dirigidos contra compañías del sector turístico que terminaron con el robo o filtración de datos personales de miles de usuarios.
Desde esta perspectiva, la asociación defendía una simplificación del modelo y una reducción sustancial de la información requerida, con el objetivo de compatibilizar las necesidades de seguridad con el respeto a la privacidad y a los principios de proporcionalidad.
Bruselas abre expediente y pide revisar la norma
La novedad conocida esta semana es la decisión de la Comisión Europea de abrir un expediente a España por esta regulación. Según la información trasladada por la Asociación Española de Consumidores, Bruselas considera que el sistema español resulta excesivo, presenta dificultades de aplicación y podría entrar en conflicto con los principios europeos de protección de datos.
La organización interpreta esta actuación comunitaria como un respaldo a las advertencias que venía realizando desde la entrada en vigor de la medida. Por ello, ha solicitado la derogación inmediata de la normativa y la elaboración de una nueva regulación ajustada al derecho europeo.
La petición pasa por establecer un sistema que preserve la seguridad sin imponer obligaciones que se consideren desproporcionadas ni generen riesgos añadidos para la privacidad de millones de viajeros y para la actividad diaria de hoteles, agencias y empresas de alquiler de vehículos.
Mientras el expediente abierto por la Comisión Europea sitúa nuevamente esta regulación bajo escrutinio y obliga a España a responder a las objeciones planteadas desde Bruselas.