La OCU denuncia a ocho centros de FP online tras cientos de reclamaciones de alumnos
La organización de consumidores denuncia posibles prácticas abusivas en la contratación y el desarrollo de la formación
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La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha presentado una denuncia ante el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 contra nueve empresas de formación, ocho de ellas dedicadas a la Formación Profesional (FP) online, después de acumular cientos de reclamaciones de alumnos.
La iniciativa coincide con el crecimiento acelerado de esta modalidad educativa y con los trabajos del Ministerio de Educación para aprobar una nueva normativa que refuerce los requisitos exigidos a los centros privados que imparten estos estudios.
Según la organización de consumidores, solo durante 2024 recibió 322 reclamaciones relacionadas con este tipo de enseñanzas.
Las quejas afectan a distintos aspectos del servicio contratado, desde la calidad de las tutorías hasta la gestión de las prácticas obligatorias, además de problemas vinculados con la información facilitada antes de la matrícula, la financiación de los cursos, el contenido del material didáctico o las condiciones recogidas en los contratos.
Entre las entidades incluidas en la denuncia figuran Ceac, Cesur, Ilerna, Linkia FP, Ucademy, Formia, MasterD, Medac Davante y Doméstika, aunque esta última no imparte ciclos oficiales de Formación Profesional. El Ministerio de Consumo, por su parte, no ha realizado valoraciones sobre el procedimiento al tratarse de un expediente en tramitación.
Las principales reclamaciones apuntan a tutorías, prácticas y transparencia
La denuncia presentada por la OCU reúne incidencias que se repiten en numerosos expedientes. Entre ellas aparecen estudiantes que aseguran no haber recibido el acompañamiento docente esperado, dificultades para acceder a las prácticas en empresas, publicidad que, según los reclamantes, no reflejaba fielmente las condiciones del curso o contratos cuya información consideran insuficientemente clara antes de formalizar la matrícula.
También se mencionan casos relacionados con financiación poco transparente y materiales formativos que los alumnos califican de desactualizados.
El auge de la FP a distancia explica parte del contexto en el que surgen estas reclamaciones. Entre 2018 y 2024 el número de estudiantes matriculados en esta modalidad pasó de 30.420 a 128.971, multiplicándose por más de cuatro en apenas seis años.
Ese crecimiento ha impulsado la aparición de nuevos operadores privados y ha intensificado el debate sobre los mecanismos de supervisión de la oferta educativa.
El Gobierno prepara una regulación para reforzar el control
La denuncia llega en un momento en el que el Ejecutivo trabaja en un nuevo decreto destinado a mejorar la calidad de la Formación Profesional privada y, especialmente, de la impartida en modalidad online.
El objetivo es establecer mayores garantías para el alumnado en cuestiones como la transparencia, las prácticas formativas o el cumplimiento de los estándares exigidos a estos estudios.
El crecimiento del sector también ha despertado la preocupación de organizaciones sindicales y especialistas en educación. En los últimos meses se han reclamado controles más estrictos para asegurar que los centros privados ofrezcan servicios equivalentes a los exigidos en otras modalidades de FP, especialmente en aspectos relacionados con la tutorización, la evaluación y la organización de las prácticas profesionales.
Algunos centros rechazan las acusaciones y defienden su modelo
Varios de los centros señalados han respondido públicamente a las informaciones sobre la denuncia. Davante, grupo que integra Medac y MasterD, sostiene que mantiene una relación de colaboración con la OCU y recuerda que ambas marcas cuentan con valoraciones positivas en la plataforma de reclamaciones de la organización.
CEAC también ha defendido su actuación y afirma que mantiene un compromiso con la transparencia y con el cumplimiento de las buenas prácticas, mostrando su disposición a colaborar con las autoridades competentes.
Mientras continúa la tramitación de la denuncia, el caso vuelve a poner el foco sobre un mercado que ha experimentado un fuerte crecimiento impulsado por la demanda de formación flexible.
La resolución de las actuaciones de Consumo y la futura regulación anunciada por el Gobierno marcarán el rumbo de un sector que cada año atrae a decenas de miles de nuevos estudiantes y cuya expansión plantea nuevos desafíos en materia de calidad, información al consumidor y supervisión administrativa.