Las seis medidas que propone la OCU para acabar con el miedo a alquilar una vivienda
La organización de consumidores pide más seguridad jurídica, datos públicos y compensaciones para los propietarios afectados
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha lanzado una nueva campaña para reclamar cambios legislativos y administrativos frente a la ocupación ilegal y la que es denominada como inquiokupación, un fenómeno que afecta a inquilinos que dejan de pagar el alquiler pero permanecen en la vivienda.
La entidad sostiene que la falta de respuestas rápidas por parte de las administraciones está alimentando de una forma grande la desconfianza de miles de propietarios y reduciendo aún más la oferta de viviendas disponibles en alquiler en España.
Según la organización, la inseguridad percibida por muchos de los arrendadores se ha convertido en uno de los factores que frenan la salida de inmuebles al mercado.
En un marco marcado por la escasez de vivienda y el aumento de los precios, la OCU considera que es necesario actuar de forma simultánea sobre la protección de los propietarios y sobre las políticas públicas de acceso a la vivienda.
Datos públicos y procedimientos más rápidos
La primera de las medidas planteadas por la OCU pasa por la creación de un sistema de datos públicos y centralizados que permita conocer la dimensión real de la ocupación y la inquiokupación.
La organización considera que actualmente existe una gran confusión sobre el alcance de ambos fenómenos y reclama que las administraciones hagan públicos indicadores sobre denuncias, tiempos de recuperación de inmuebles y zonas donde se concentran los casos.
La entidad también exige una mayor seguridad jurídica para los propietarios. Entre sus propuestas figura la implantación de procedimientos abreviados que permitan recuperar una vivienda en plazos más reducidos cuando exista una ocupación ilegal o un incumplimiento grave de las obligaciones contractuales por parte del inquilino.
El objetivo es evitar procesos judiciales prolongados que, según denuncia la organización, generan costes económicos y una sensación de indefensión entre los afectados.
La OCU sostiene que la lentitud administrativa y judicial acaba teniendo consecuencias sobre todo el mercado. Muchos propietarios optan por no alquilar sus viviendas o endurecen las condiciones exigidas a los futuros inquilinos ante el temor de no poder recuperar el inmueble en caso de conflicto.
Compensaciones y refuerzo de los servicios sociales
Otra de las peticiones incluidas en la campaña es la puesta en marcha de mecanismos automáticos de compensación para los propietarios perjudicados. La organización plantea que, cuando una administración retrase la ejecución de una resolución o la recuperación efectiva de una vivienda por motivos sociales, el afectado pueda recibir una indemnización sin necesidad de iniciar nuevos procedimientos burocráticos.
Al mismo tiempo, la OCU insiste en que la respuesta al problema no puede limitarse al ámbito judicial. La entidad reclama una dotación suficiente para los servicios sociales con el fin de atender a las personas y familias vulnerables que se encuentran detrás de algunos de estos casos.
Su planteamiento es que la protección social y la defensa de la propiedad deben abordarse de forma coordinada para evitar que el problema se traslade de un ámbito a otro.
La organización considera que la falta de recursos públicos ha provocado que muchas situaciones terminen judicializándose cuando podrían haberse resuelto previamente mediante mecanismos de asistencia y acompañamiento social.
La vivienda, en el centro del debate político
Las propuestas llegan en un momento en el que la vivienda se mantiene entre las principales preocupaciones sociales en España. Los últimos datos disponibles reflejan un incremento de los procedimientos relacionados con ocupaciones y desahucios, mientras continúa la presión sobre el mercado del alquiler.
Además de las medidas específicas contra la ocupación y la inquiokupación, la OCU reclama un plan de vivienda que se traduzca en actuaciones concretas y aumente la oferta disponible.
La organización sostiene que la recuperación de la confianza de los propietarios pasa tanto por reforzar las garantías legales como por impulsar políticas capaces de ampliar el parque residencial y facilitar el acceso a la vivienda.
La campaña incluye también la difusión de guías informativas para consumidores y busca trasladar al Gobierno la necesidad de adoptar medidas que, según la entidad, permitan equilibrar la protección de los propietarios, la atención a las situaciones de vulnerabilidad y el funcionamiento del mercado del alquiler.