Spam telefónico: por qué sigue ocurriendo aunque esté prohibido
Los usuarios siguen sufriendo spam telefónico a diario.
El bombardeo absoluto de llamadas comerciales no deseadas continúa siendo uno de los principales quebraderos de cabeza para los consumidores.
Pese a que la normativa española endureció las condiciones para este tipo de comunicaciones hace ya casi dos años, las quejas no dejan aumentar por días. Las promesas de control, los anuncios de nuevas medidas y las intenciones de las empresas parecen haber caído en saco roto. Pero, ¿qué está fallando?
Desde el 29 de junio de 2023, la ley solo permite que las compañías realicen llamadas comerciales -spam- si cuentan con el consentimiento expreso del usuario o si éste es cliente actual o lo ha sido en un pasado reciente.
Sobre el papel, la medida suponía un antes y un después en la lucha contra el spam telefónico. Pero en la práctica los teléfonos siguen sonando con la misma insistencia, a veces incluso más.
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) lo corrobora con datos ya que la proporción de personas que reciben más de diez llamadas comerciales al mes ha pasado del 25% hace dos años a casi el 40% en la actualidad.
Igualmente un abrumador 92% de los encuestados asegura haber recibido al menos una llamada no solicitada en el último mes.
El acoso continúa por el spam telefónico
Los datos revelan que apenas tres de cada diez ciudadanos perciben una reducción de llamadas con respecto a hace medio año. Para el resto, la situación se mantiene igual o ha empeorado.
Las compañías energéticas lideran el ranking de llamadas más molestas e intensas, seguidas de las operadoras de telecomunicaciones. En algunos casos, las llamadas se realizan sin siquiera identificar al emisor, práctica común entre las llamadas “asesorías energéticas”, que con frecuencia utilizan argumentos bastante confusos o directamente engañosos.
Los consumidores han aprendido a defenderse de distintas maneras recurriendo al método más habitual consiste en bloquear números ya identificados como comerciales.
Otros optan por no contestar cuando sospechan que se trata de un call center aunque también existe la posibilidad de inscribirse en registros como la Lista Robinson o StopPublicidad.
Son útiles para evitar correos electrónicos o envíos postales, estas herramientas no resultan tan efectivas frente al spam telefónico, sobre todo si existe un consentimiento previo —explícito o no— que ampara a las compañías.
¿Por qué sigue pasando el spam telefónico?
La respuesta está en los resquicios legales puesto que muchas veces, al aceptar cookies o condiciones de uso en internet, los usuarios consienten sin darse cuenta que sus datos sean empleados con fines comerciales.
Más allá de revocar ese permiso es complejo: identificar a la empresa responsable no siempre es sencillo y ejercer los derechos de cancelación u oposición precisa de un proceso engorroso que pocos consumidores completan.
La reciente Orden TDF/149/2025, en vigor desde el pasado 7 de marzo, busca reforzar la protección. Entre otras medidas, obliga a las operadoras a bloquear llamadas realizadas desde numeraciones no asignadas, así como a impedir los SMS enviados con identificadores falsos.
A partir del 7 de junio, las compañías de telefonía deben bloquear llamadas y mensajes procedentes del extranjero que se presenten con números nacionales, además de prohibir el uso de números móviles para fines comerciales.
Pese a estas medidas, OCU advierte de que la situación requiere más contundencia reclamando sanciones más duras a quienes incumplen la normativa y sistemas que permitan a los consumidores identificar fácilmente a las empresas que los llaman.
La organización también insiste en que se facilite el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante el mismo canal telefónico.
La OCU pone a disposición de los ciudadanos modelos de reclamación y un listado de direcciones de las principales y más significativas compañías para que los usuarios puedan oponerse a las llamadas comerciales.
Aunque se insiste en que la responsabilidad última recae en las autoridades y en la voluntad de las empresas de respetar los derechos de los consumidores.
Las nuevas disposiciones legales marcan un paso adelante, pero el escepticismo entre los usuarios es más que evidente. La experiencia demuestra que las compañías encuentran vías para seguir contactando con potenciales clientes, incluso en contra de su voluntad.
El tiempo dirá si las últimas medidas logran frenar un problema que ya roza lo insoportable para muchas personas. Mientras tanto, los consumidores seguirán dependiendo de bloqueadores, registros y reclamaciones, en un pulso desigual contra un sistema que, por ahora, no parece que esté muy dispuesto a ceder.