El otro gran acontecimiento de 1492: como expulsaron los Reyes Católicos a miles de judíos
La expulsión de los judíos en 1492: el decreto que transformó para siempre la historia de España
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En el año 1492, el mismo año en que la Corona de Castilla patrocinó el viaje de Cristóbal Colón y culminó la conquista de del Reino de Granada, los Reyes Católicos adoptaron otra decisión de enorme trascendencia histórica: la expulsión de los judíos de sus reinos.
La medida puso fin a siglos de presencia judía en la península ibérica y provocó una gran diáspora que alcanzó territorios del norte de África, Italia y el Imperio otomano.
Más de cinco siglos después, aquel episodio sigue siendo uno de los sucesos y acontecimientos más analizados de la Historia de España por sus consecuencias demográficas, económicas y culturales.
Un clima de creciente presión religiosa
A finales de la Edad Media, la convivencia entre cristianos, musulmanes y judíos atravesaba una etapa de fuertes tensiones.
Aunque las tres comunidades habían compartido espacio durante siglos, el avance de la uniformidad religiosa impulsada por las monarquías cristianas fue reduciendo los márgenes de coexistencia.
La situación resultó especialmente compleja para los conversos, es decir, los judíos que habían adoptado el cristianismo. Muchos de ellos ocuparon posiciones destacadas en la administración, el comercio o las finanzas, pero continuaron siendo objeto de sospechas.
Los llamados “cristianos nuevos” eran acusados con frecuencia de mantener prácticas judías en secreto, una acusación que alimentó conflictos sociales y religiosos.
En este contexto nació la Inquisición en 1478. El tribunal fue creado con el objetivo oficial de vigilar la ortodoxia religiosa, aunque en la práctica desempeñó un papel decisivo en el control de los conversos y en la persecución de quienes eran acusados de judaizar.
La presión sobre las comunidades judías aumentó progresivamente durante las últimas décadas del siglo XV, coincidiendo con el fortalecimiento del poder de los Reyes Católicos.
El Decreto de la Alhambra y la salida forzada
El 31 de marzo de 1492, Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón firmaron en Granada el llamado Decreto de la Alhambra. El documento ordenaba que todos los judíos que permanecieran fieles a su religión abandonaran los territorios de Castilla y Aragón antes de finales de julio de ese mismo año.
La decisión llegó pocos meses después de la toma de Granada, último reino musulmán de la península. Para la monarquía, la unidad religiosa formaba parte del proceso de consolidación política del nuevo Estado.
Según el texto del decreto, la presencia de comunidades judías era considerada un riesgo para la estabilidad religiosa y para la influencia que podían ejercer sobre los conversos.
Los afectados debían elegir entre el exilio o la conversión al cristianismo. Se les permitía vender sus bienes y trasladar parte de sus pertenencias, aunque existían restricciones sobre determinados objetos de valor.
La medida alteró de forma inmediata la vida de miles de familias que llevaban generaciones asentadas en ciudades y pueblos de la península.
Las estimaciones sobre el número de expulsados varían según las fuentes históricas, pero los estudios más citados sitúan la cifra entre 100.000 y 200.000 personas. Muchos partieron con escasos recursos y afrontaron viajes marcados por la incertidumbre.
Las consecuencias para España y el legado sefardí
La expulsión tuvo un impacto significativo en numerosos ámbitos. Entre los expulsados había comerciantes, artesanos, médicos, prestamistas y profesionales que participaban activamente en la economía urbana.
La pérdida de parte de esta población afectó a determinadas actividades económicas y modificó el equilibrio social de varias regiones.
Los destinos de los exiliados fueron diversos. Comunidades sefardíes se establecieron en ciudades del norte de África, en distintos estados italianos y especialmente en el Imperio otomano, donde encontraron mejores condiciones de acogida.
Allí conservaron muchas de sus costumbres y mantuvieron vivo el ladino, una variante del castellano desarrollada a partir de la lengua que hablaban en la península antes de su expulsión.
La memoria de 1492 siguió formando parte de la identidad sefardí durante siglos. Al mismo tiempo, la ausencia de una comunidad que había contribuido al desarrollo intelectual, comercial y cultural de España dejó una huella duradera en la historia del país.
El episodio continúa siendo objeto de estudio por parte de historiadores y especialistas. En las últimas décadas, España ha impulsado diversas iniciativas de reconocimiento hacia los descendientes de los sefardíes expulsados, entre ellas la ley aprobada en 2015 que facilitó el acceso a la nacionalidad española para quienes pudieran acreditar ese origen histórico.
Aquella medida situó nuevamente en el centro del debate un acontecimiento que comenzó con la firma de un decreto en Granada y que cambió el destino de cientos de miles de personas.