El Supremo condena a José Luis Ábalos a 24 años de prisión en la primera sentencia del caso Koldo
La Sala Penal considera acreditada la participación del exministro en la trama vinculada a la compra de mascarillas durante la pandemia
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José Luis Ábalos, Koldo García, Víctor de Aldama, el Tribunal Supremo y el Ministerio de Transportes son los principales protagonistas de la primera sentencia dictada en el denominado caso Koldo.
La Sala Penal del alto tribunal ha condenado al exministro de Transportes a 24 años y tres meses de prisión por su papel en el supuesto amaño de contratos para la compra de mascarillas durante la pandemia de covid-19.
La resolución también impone penas de 19 años y ocho meses a su antiguo asesor, Koldo García, y de cuatro años y medio al empresario Víctor de Aldama, aunque este último evitará el ingreso en prisión si cumple las condiciones fijadas por el tribunal.
La sentencia pone fin al primer juicio celebrado sobre una causa que ha tenido importantes consecuencias políticas y que sigue abierta en distintas líneas de investigación. El fallo fue comunicado este lunes a las partes después de que el procedimiento quedara visto para sentencia el pasado 6 de mayo.
Caso Ábalos: un juicio con más de 70 testigos y 14 sesiones
La Sala Penal convocó a las defensas y acusaciones para comunicar oficialmente la resolución. Ábalos y Koldo García participaron por videoconferencia desde la prisión madrileña de Soto del Real, donde permanecen en situación de prisión provisional desde finales de noviembre.
Por su parte, Víctor de Aldama acudió presencialmente a la sede del Tribunal Supremo acompañado por su abogado, José Antonio Choclán.
El juicio se desarrolló a lo largo de 14 sesiones y contó con la declaración de más de 70 personas. Entre los testigos comparecieron cargos públicos, funcionarios, empresarios, agentes de la Guardia Civil, peritos y personas relacionadas con los acusados.
La causa se centró en determinar si existió una manipulación de contratos públicos para favorecer intereses particulares durante la adquisición de material sanitario en los momentos más críticos de la emergencia sanitaria.
Antes de la lectura del fallo, el tribunal adoptó medidas para evitar filtraciones y solicitó a los asistentes que dejaran fuera de la sala sus teléfonos móviles. La decisión respondía a la relevancia pública y política de una sentencia esperada desde hacía semanas por todas las partes implicadas.
La Fiscalía sostuvo la existencia de una organización criminal
Durante el proceso, la Fiscalía defendió que Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama actuaron de forma coordinada para obtener beneficios económicos aprovechando la posición institucional del entonces ministro de Transportes.
El Ministerio Público calificó la estructura investigada como una “verdadera organización criminal” creada para obtener ventajas derivadas de la gestión de contratos públicos.
La acusación solicitó para Ábalos una pena de 24 años de prisión y para Koldo García una condena cercana a los 20 años. Las defensas, en cambio, reclamaron la absolución al considerar que no existían pruebas suficientes que acreditaran los delitos atribuidos a ambos.
En el caso de Aldama, las acusaciones pidieron una pena inferior debido a la aplicación de la atenuante de confesión. Su defensa sostuvo durante el juicio que la colaboración prestada por el empresario debía traducirse en una reducción aún mayor de la condena.
Una resolución clave para el futuro del caso Koldo
La sentencia del Tribunal Supremo tiene una importancia especial porque marca el criterio judicial sobre los hechos investigados y puede influir en el desarrollo de las restantes piezas abiertas.
El caso Koldo no se limita a la compra de mascarillas, sino que incluye otras investigaciones relacionadas con supuestas adjudicaciones irregulares de obras públicas, presuntas comisiones y pagos en efectivo.
Estas líneas de investigación continúan bajo la dirección de la Audiencia Nacional. Tanto las acusaciones como las defensas esperaban la resolución del Supremo para conocer la valoración jurídica de los hechos ya juzgados y el alcance de las responsabilidades atribuidas a los principales implicados.
La causa ha tenido además un fuerte impacto político. El procedimiento ya provocó la caída de figuras relevantes vinculadas al PSOE y continúa condicionando el desarrollo de las investigaciones que permanecen abiertas en distintos órganos judiciales.