Autonomía Obrera y CCOO acusan a la Universidad de Cádiz de manipular la verdad sobre los recortes
«Nos quitaron horas y lo llaman progreso», el personal de limpieza de la UCA estalla contra el rectorado
El Comité de Empresa de Itelymp y el sindicato CCOO del Hábitat han denunciado públicamente lo que consideran una clara estrategia de manipulación informativa por parte de la Universidad de Cádiz (UCA).
Según los representantes laborales, la institución trata de “vender como avances laborales derechos consolidados desde hace más de dos décadas”, mientras el colectivo de limpieza continúa sufriendo enormemente los recortes de personal, sobrecarga de trabajo y pérdida de derechos reales.
Las organizaciones sindicales señalan que la jornada de 35 horas semanales, presentada por la UCA como una mejora, se trató realmente de una “compensación forzada” tras la eliminación de más de 10.000 horas anuales de trabajo así como de la supresión de cuatro puestos.
Este ajuste —aseveran— provocó un deterioro evidente del servicio y un incremento de la presión sobre las trabajadoras, al respecto el comité sostiene que “no fue una mejora, sino un intercambio bajo amenaza de despido”.
Entre los derechos que el sindicato considera “malintencionadamente reinterpretados” como logros recientes, constan la jornada reducida de verano, los días festivos tradicionales y las vacaciones en Navidad y Semana Santa, todos ellos que vienen siendo disfrutados desde hace más de veinte años.
“La Universidad intenta presentar como concesiones lo que en realidad son derechos históricos del personal”, ha indicado el sindicato CCOO.
El enfrentamiento ha alcanzado un nuevo nivel tras las acusaciones de Autonomía Obrera, señalando directamente al Rector de la UCA por “falsedades y cinismo” en su comunicado dirigido a la comunidad universitaria.
Según el sindicato, el rectorado trata de “confundir y manipular” a la opinión pública ocultando los verdaderos motivos del conflicto.
Los datos aportados por el comité revelan importantes irregularidades dentro de la gestión del contrato de limpieza. El pliego vigente (2021-2025) establece 271.755 horas anuales, con un coste de 4.090.854 euros.
No obstante la propia universidad reconoce que el servicio se está prestando con apenas 231.374 horas, es decir, más de 40.000 horas menos de las que fueron comprometidas “este incumplimiento ha sido permitido e incluso avalado por el responsable técnico del contrato”, han denunciado los trabajadores.
La polémica se agrava con la licitación de un nuevo pliego, que fue posteriormente anulado, que reducía oficialmente las horas a 231.374 y eliminaba la obligación de mantener los puestos de trabajo, si bien incrementaba el coste hasta 4.980.620 euros anuales.
“¿Cómo puede costar casi 900.000 euros más un servicio con 40.000 horas menos?”, se preguntan los sindicatos, señalando a una gestión opaca y presuntamente favorable a la empresa adjudicataria, Itelymp, que lleva tres décadas desempeñando el servicio.
El “cinismo” del rectorado y la opacidad contable
Las organizaciones sindicales acusan además al rector de ocultar información fundamental sobre las condiciones económicas de la universidad.
Según un informe elaborado por su asesoría, la UCA mantiene un remanente de tesorería de más de 39 millones de euros que son de libre disposición, lo que, según el comité, desmiente el argumento de falta de recursos empleado para justificar los recortes en limpieza.
Al respecto denuncian que “se prioriza la inversión patrimonial mientras se precarizan los servicios básicos”.
El colectivo de limpieza asegura que la Universidad de Cádiz permitió una gestión irregular del contrato, favoreciendo “el enriquecimiento ilícito de la empresa concesionaria a costa de la salud laboral del personal”.
La falta de sustituciones, la eliminación de horas y la amortización de puestos generaron una sobrecarga insostenible para la plantilla.
Igualmente los comités recuerdan que la UCA no ha respondido aún al requerimiento previo que se presentó por Autonomía Obrera en abril de 2024, paso previo a una demanda contencioso-administrativa por la vulneración de derechos laborales. “El silencio administrativo es la estrategia del rectorado para ganar tiempo”, sostienen.
El caso Itelymp se ha convertido en una evidencia del malestar laboral dentro de la Universidad de Cádiz. Las trabajadoras, que durante años han mantenido los centros en funcionamiento, afirman que se sienten “invisibilizadas y maltratadas” por una institución que “presume de avances mientras permite recortes encubiertos”.
“Nosotras no hemos recibido ningún beneficio nuevo. Todo lo que tenemos son derechos antiguos que ahora intentan vender como regalos”, han denunciado desde el comité, advirtiendo que la lucha continuará “hasta las últimas consecuencias”.
Mientras tanto se observa con creciente preocupación cómo un conflicto que empezó como una reclamación laboral ha pasado a convertirse en una crisis de credibilidad institucional, donde las acusaciones de manipulación, mala gestión y cinismo pesan mucho sobre la dirección de la universidad.