El Colegio de Trabajo Social de Cádiz alza la voz por una vivienda digna y alerta del impacto del turismo
La entidad respalda un documento que urge a garantizar el derecho a una vivienda digna frente a la crisis habitacional
El Colegio Profesional de Trabajo Social de Cádiz se ha sumado al manifiesto promovido por el Consejo General del Trabajo Social para exigir medidas inmediatas y efectivas ante la creciente emergencia habitacional. La declaración, de alcance nacional, plantea acciones concretas para frenar la especulación, ampliar el parque público y defender el derecho a un techo digno como un principio irrenunciable.
El manifiesto, avalado por profesionales del Trabajo Social de todo el país, denuncia el agravamiento de la crisis habitacional en España y propone abordarla desde una perspectiva de derechos humanos. Tanto la Declaración Universal de los Derechos Humanos como la Constitución Española recogen el derecho a una vivienda adecuada, pero la realidad dista de ese principio.
Desde el Colegio gaditano subrayan que “la vivienda no es solo un espacio físico, sino un pilar esencial para la inclusión social, la estabilidad familiar y el desarrollo personal”. Recuerdan que los y las trabajadoras sociales desempeñan un papel clave en el acompañamiento de personas y familias vulnerables, ayudando a garantizar condiciones de habitabilidad dignas.
El Manifiesto propone una serie de medidas concretas como:
- Regular el alquiler turístico, con licencias obligatorias y controles públicos que eviten la expulsión de vecinos por la conversión masiva de viviendas en alojamientos temporales.
- Poner en marcha un Plan de Acciones estatal, con objetivos medibles, para frenar la especulación, reforzar el parque público de vivienda y proteger a los colectivos más vulnerables.
- Cambiar el enfoque actual, dejando de tratar la vivienda como un bien de mercado para considerarla y gestionarla como un derecho social básico.
La situación en la provincia de Cádiz preocupa especialmente al Colegio, debido a la alta presión turística y la falta de oferta pública en muchos municipios. Por ello, reivindican el refuerzo de los equipos profesionales del Sistema Público de Servicios Sociales, dotándolos de recursos específicos para intervenir en esta área crítica.
“Apoyar este manifiesto es una acción de responsabilidad profesional, pero también un compromiso con una sociedad más justa, donde nadie quede atrás por no poder acceder a una vivienda”, afirman.
El Colegio concluye con un llamamiento a instituciones, ciudadanía y sociedad civil: “La vivienda digna no debe ser un privilegio, sino un derecho garantizado. Juntos y juntas podemos impulsar un cambio real”.