El Gobierno debe 51 millones a los empleados públicos de Cádiz y el enfado crece
El sindicato denuncia una pérdida de poder adquisitivo del 6 % desde 2022
El sindicato CSIF ha denunciado que el Gobierno central mantiene una importante deuda de 51 millones de euros con las empleadas y empleados públicos de la provincia de Cádiz, que está derivada de la congelación salarial y la ausencia de un nuevo acuerdo para el ejercicio 2025.
A nivel autonómico, la cifra asciende a 310 millones de euros, según estimaciones y cálculos del propio sindicato.
La presidenta de CSIF Cádiz, Mercedes Amézaga, calificó la situación de “lamentable e injusta” la situación que atraviesa el colectivo, acusando al Ministerio de Función Pública y Transformación Digital, dirigido por Óscar López, de mantener bloqueada la negociación con los representantes sindicales.
Al respecto indicaron que “no es de recibo que el personal del sector público haya perdido un 6 % de poder adquisitivo desde 2022”, lamentó Amézaga, que recordó que ese deterioro se produjo tras un “mal acuerdo” firmado entre el Ejecutivo y otras organizaciones sindicales —que CSIF rechazó al considerarlo insuficiente— para el periodo 2022-2024.
La dirigente sindical recordó igualmente que, si se amplía el cálculo hasta los recortes de 2010, impulsados por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, la pérdida acumulada de poder de compra supera el 20 %, una cifra que calificó de “inaceptable” para quienes sostienen los servicios públicos en todo el territorio.
Movilizaciones en todo el país el 30 de octubre
Ante esta situación, CSIF ha anunciado una movilización de tipo nacional el próximo 30 de octubre, en unidad de acción con UGT y CCOO, que se desarrollará frente a las subdelegaciones del Gobierno en todas las provincias españolas.
El objetivo, según el sindicato, es exigir al Ejecutivo central que retome la negociación de tipo colectiva y apruebe una subida salarial inmediata que permita compensar el poder adquisitivo perdido.
Bajo el lema “Negociación, subida salarial y mejora de los servicios públicos”, las protestas iniciarán un calendario de movilizaciones que continuará en noviembre con una gran concentración en Madrid.
Si el Ministerio mantiene el bloqueo de las conversaciones, los sindicatos no descartan que se convoque una huelga nacional en diciembre, que sería la primera protesta de este tipo en la administración pública durante el actual mandato del presidente Pedro Sánchez.
Amézaga quiso subrayar que la falta de actualización de los salarios afecta directamente a la calidad de los servicios públicos, al respecto dijo “nuestros profesionales sostienen el funcionamiento diario de las administraciones y no pueden seguir viendo cómo sus sueldos pierden valor mientras los precios siguen subiendo”.
Más allá de las críticas al Ejecutivo central, CSIF expresó su malestar con la Junta de Andalucía por negarse a firmar el preacuerdo de mejora del empleo público en la Administración General.
El presidente de CSIF Andalucía, Germán Girela, tildó esta decisión de “inaceptable”, reclamando un calendario de actuaciones que sea contundente para exigir una rectificación.
“Los servicios públicos necesitan recursos, estabilidad y personal suficiente. La actitud de la Administración andaluza demuestra una falta de compromiso con sus empleados y con la ciudadanía”, dijo Girela, que adelantó que el sindicato anunciará en los próximos días nuevas acciones específicas en el ámbito autonómico.
Pese al descontento con la Junta de Andalucía, CSIF ha decidido posponer las protestas autonómicas para no coincidir con las movilizaciones que están ya convocadas contra el Gobierno central.
Según explicó el responsable de comunicación de CSIF Andalucía, Alejandro Barragán, la intención que tiene es “no diluir la fuerza de ambas reivindicaciones” y mantener la lupa sobre la exigencia de un nuevo acuerdo salarial estatal.
Con el conflicto salarial abierto y el otoño señalado ya por las protestas, los sindicatos del sector público preparan un final de año de alta tensión laboral, en el que el Gobierno tendrá que decidir si reabre la negociación o afronta la primera huelga general del funcionariado en más de una década.