Indignación en Rota y Morón por el impago del anticipo salarial al personal de las bases estadounidenses
Retraso en el pago deja en jaque a los trabajadores españoles de las bases de EE.UU.
El personal laboral local (PLL) que trabaja para la Administración de los Estados Unidos en España ha denunciado una situación de absoluta indefensión económica y jurídica tras recibir un comunicado oficial informando del retraso en el pago del anticipo salarial que se corresponde al mes de octubre.
Este pago, que tradicionalmente se abona el día 15 de cada mes, representa el 40% del salario mensual y está contemplado en el artículo 24 del convenio colectivo que regula las condiciones laborales del colectivo.
El anticipo, que lleva años aplicándose de forma normal y habitual, constituye un elemento esencial para la planificación económica de cientos de familias que dependen de estos ingresos de cara a afrontar los gastos de la primera quincena.
Su retraso, sin explicación clara por parte de las autoridades, ha generado gran preocupación, malestar y desconfianza entre los trabajadores de las bases estadounidenses en España, sobre todo en localidades como Rota o Morón de la Frontera, donde se concentra gran parte del personal afectado.
El personal laboral local mantiene una relación jurídica especial derivada del Anejo 8 del Convenio Bilateral entre Estados Unidos y España, el cual sirve para regular la presencia militar norteamericana en territorio español.
Esta singularidad crea un marco laboral diferente al de los trabajadores públicos o privados españoles, limitando sus mecanismos de defensa así como de acceso a las garantías previstas en la legislación nacional.
Desde el sindicato CCOO, sindicato con amplia representación en el colectivo, se denuncia que esta condición deja a los empleados en una posición de vulnerabilidad puesto que las decisiones administrativas y los incumplimientos salariales quedan en un limbo legal difícil de resolver.
Según el sindicato, el Ministerio de Defensa español, como parte implicada en la gestión administrativa, no ha adelantado los fondos que son necesarios de cara a hacer efectivo el anticipo, lo que ha agravado la situación.
Fuentes sindicales recuerdan que esta no es la primera vez que se producen incumplimientos de este tipo o retrasos en la aplicación de acuerdos laborales.
En años anteriores, los trabajadores sufrieron demoras en la actualización de sus salarios, que en algunos casos tardaron hasta meses en aplicarse o se realizaron de forma desigual, esto hizo que se generara agravios comparativos dentro del mismo colectivo.
Falta de comunicación y transparencia en las bases americanas
A la tensión económica se viene a sumar la falta de explicaciones oficiales tanto por parte de la Administración estadounidense como del Ministerio de Defensa. Ninguna de las dos entidades ha ofrecido una comunicación transparente sobre las causas del retraso, lo que alimenta la incertidumbre entre los afectados.
CCOO considera que esta actitud refleja una falta de compromiso institucional con los derechos del personal laboral local.
Igualmente el sindicato denuncia un “historial de pasividad” del Gobierno español frente a los incumplimientos de la parte estadounidense, como la no implantación de un Plan de Igualdad, obligatorio por ley para todas las empresas con más de 50 trabajadores.
Otro elemento que ha incrementado la preocupación es la congelación efectiva de los salarios del PLL, pese a que en el pasado la administración norteamericana ha sufrido bloqueos presupuestarios internos, nunca antes esas medidas se habían trasladado al personal contratado en España.
Para el sindicato CCOO, esto sienta un precedente peligroso y erosiona mucho las condiciones laborales de un colectivo que ya se encuentra en una franca situación de precariedad.
El sindicato ha reclamado el pago inmediato del anticipo según lo estipulado en el convenio colectivo, así como transparencia en las causas del retraso y la creación de un canal de comunicación estable y directo entre ambas administraciones y la representación sindical.
Desde la organización se exige también que el Ministerio de Defensa asuma su responsabilidad, actúe con urgencia y tome las oportunas medidas preventivas que eviten que esta situación vuelva a repetirse.
“No se puede seguir dejando en manos de la discrecionalidad de la administración norteamericana los derechos básicos de cientos de familias españolas”, indican desde la sección sindical.
Entre tanto, los trabajadores continúan a la espera de una solución que, de no llegar pronto, podría tener unas repercusiones y consecuencias graves para su economía doméstica y su confianza en las instituciones que deberían protegerles.