Consumidores alertan: equiparar cigarrillos y vapeo puede tener un efecto devastador
Los esfuerzos deberían dirigirse a controlar la venta ilegal a menores y la inspección de canales no autorizados
La Asociación Española de Consumidores ha presentado un documento de alegaciones al Ministerio de Sanidad relacionado con el Anteproyecto de Ley de Venta y Publicidad del Tabaco.
La organización, presidida por Miguel A. Ruiz, respalda algunos de los objetivos del Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo 2024-2027, aunque hace la advertencia de que el texto legal contiene disposiciones que podrían ser contraproducentes tanto para la salud pública como para la economía.
Uno de los puntos más polémicos del borrador es la prohibición de fumar en terrazas y espacios al aire libre, que se trata de una medida que según la asociación no cuenta con el respaldo mayoritario de los consumidores.
Conforme con una consulta realizada por la entidad, solo un 18% de los participantes considera positiva la prohibición total, mientras que un 29% opina que en exteriores no debería vetarse ningún producto con tabaco o nicotina.
Igualmente, un 35% estaría de acuerdo únicamente en lugares sensibles, como centros educativos, sanitarios o deportivos.
El texto también plantea la posibilidad de sancionar a los padres de menores que consuman tabaco, una medida que la asociación considera desproporcionada.
Según explican, los esfuerzos deberían dirigirse a controlar la venta ilegal a menores y a potenciar la inspección de canales no autorizados, en lugar de responsabilizar a las familias que, en muchos casos, desconocen el consumo que tienen sus hijos.
Otro de los puntos centrales de las alegaciones se refiere a la equiparación normativa entre los cigarrillos convencionales y los productos alternativos, como el tabaco calentado o los cigarrillos electrónicos. La asociación defiende que, aunque estos últimos no están exentos de riesgos, si representan un perfil de daño mucho menor.
Según datos recopilados en una encuesta realizada por la propia organización, un 61% de los consumidores identifica al cigarrillo tradicional como el más nocivo, mientras que un 33% considera que los productos sin combustión, como el tabaco calentado, son menos dañinos.
De hecho, el 71% de los encuestados afirma que volvería al consumo de cigarrillos normales si se prohibieran los productos alternativos, lo que podría suponer un retroceso en la lucha contra el tabaquismo.
La asociación recuerda que estudios internacionales, como los avalados por autoridades sanitarias del Reino Unido, han señalado que los dispositivos de tabaco calentado reducen hasta en un 95% la exposición a sustancias de tipo nocivo en comparación con los cigarrillos convencionales.
Impacto económico y necesidad de mayor información del tabaco
Además de los aspectos sanitarios, la Asociación Española de Consumidores advierte sobre las consecuencias económicas de una regulación que sea restrictiva.
Una limitación excesiva de los canales legales de venta, sostienen, podría fomentar el contrabando y la comercialización con carácter irregular, reduciendo los ingresos fiscales y afectando a sectores tales como el de los estancos o la hostelería.
Por otro lado, el organismo señala la falta de información sobre los productos alternativos. Casi la mitad de los encuestados (46%) cree necesaria una mayor difusión de datos sobre los riesgos relativos y el potencial de estos dispositivos para ayudar a abandonar el tabaco convencional.
Un 28% opina que estas alternativas pueden contribuir a reducir el consumo de cigarrillos y un 35% asegura que, con información adecuada, esto puede plantearse utilizarlos como paso intermedio hacia el abandono definitivo del tabaco.
La Asociación Española de Consumidores anima a la ciudadanía a presentar alegaciones al Anteproyecto de Ley hasta el 30 de septiembre.
Su postura no es contraria a la regulación del tabaco, sólo invita a que se haga de manera que, según indican, pueda provocar efectos indeseados tales como un retorno masivo al tabaco convencional, un incremento del mercado ilegal y un perjuicio económico para sectores que no tienen relación directa con la industria tabaquera, como la hostelería.
La entidad considera que el texto normativo debería reforzar la lucha contra la venta a menores, diferenciando los productos tradicionales de los alternativos en función de su riesgo real, y apostar por campañas informativas que sean más clara y accesibles.
De lo contrario, advierten, la ley podría no solo fracasar en su objetivo de reducir el número de fumadores, sino incluso provocar el indeseado efecto contrario.