España da un paso clave hacia la inclusión con un acuerdo inédito por la discapacidad
La Asociación de Consumidores de España y Proyecto Incluirme sellan una alianza pionera
La Asociación de Consumidores de España y Proyecto Incluirme sellan una alianza que resulta pionera que busca garantizar los derechos de las personas con discapacidad y fomentar una cultura empresarial inclusiva.
Un paso decisivo hacia una sociedad más justa e inclusiva acaba de materializarse con la firma de un convenio entre la Asociación de Consumidores de España y la organización sin ánimo de lucro Proyecto Incluirme, que está especializada en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad.
Ambas entidades han alcanzado un acuerdo sin precedentes cuyo propósito es potenciar el cumplimiento de la normativa de accesibilidad universal en el ámbito empresarial y comercial.
La iniciativa llega en un momento fundamental pues aunque la legislación española y europea reconoce desde hace años la accesibilidad como un derecho, la aplicación real todavía encuentra obstáculos en la vida cotidiana de muchas personas con discapacidad.
Por ello, el acuerdo busca vigilar que se cumplan las normas así como promover un cambio cultural que coloque la inclusión en el centro de la vida económica y social.
Una campaña nacional de sensibilización hacia la discapacidad
El primer paso de la colaboración será el lanzamiento de una campaña nacional de información y sensibilización. Orientada tanto a consumidores como a comerciantes, la iniciativa pretende aclarar las obligaciones legales de los negocios en materia de accesibilidad y fomentar el compromiso con la igualdad de oportunidades.
La campaña se articulará a través de guías prácticas, charlas, talleres y actividades en medios de comunicación y redes sociales, todas ellas con el lema “Accesibilidad: un derecho de todos, una obligación de cada uno”.
La intención es que cualquier establecimiento, desde pequeñas tiendas hasta grandes cadenas, conozca qué medidas debe adoptar a fin de poder cumplir con la normativa y, al mismo tiempo, que los consumidores puedan exigir el respeto a sus derechos.
Otro de los pilares del acuerdo es la creación del Sello de Accesibilidad Universal, se trata de un distintivo que distinguirá a los comercios y empresas que acrediten el cumplimiento íntegro de la normativa vigente.
Explicó Miguel Ángel Ruiz Anillo, presidente de la Asociación de Consumidores de España, que el sello representará “una garantía de confianza para los consumidores y una oportunidad para los negocios que quieran posicionarse como responsables y comprometidos con la inclusión”.
Así las empresas que apuesten por la accesibilidad evitarán sanciones y podrán mejorar su imagen y competitividad en el mercado.
En el marco de este acuerdo, Proyecto Incluirme organizará el próximo mes de noviembre su I Congreso Europeo de Discapacidad, a celebrar en la sede del Parlamento Europeo en Madrid.
El encuentro reunirá diferentes expertos, representantes institucionales y sociedad civil con el fin de debatir sobre cómo garantizar la plena inclusión de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones.
En este foro participará Ruiz Anillo destacando el valor estratégico de la alianza firmada; igualmente intervendrá José Manuel Galindo, presidente de Proyecto Incluirme, que insistió en que la accesibilidad “no es un privilegio, sino un derecho, y además un deber legal y moral que toda sociedad debe garantizar”.
Con esta iniciativa, ambas organizaciones buscan transmitir un mensaje muy evidente como es la accesibilidad universal no admite excusas ni retrasos.
Más allá de asegurar el cumplimiento de la ley, el objetivo es impulsar un cambio cultural y empresarial que convierta a España en un referente de inclusión, en el que todas las personas puedan acceder a los mismos bienes y servicios en condiciones de igualdad.
El acuerdo plantea como una medida práctica así como es un símbolo de compromiso social. En palabras de los impulsores, se trata de recordar que una sociedad inclusiva beneficia a todos, y que la accesibilidad no debe entenderse como un coste, sino como una inversión en justicia, cohesión y progreso.