La Comisión Europea plantea prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 13 años
La Comisión Europea estudia fijar los 13 años como edad mínima para acceder a las redes sociales en toda la UE
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La Comisión Europea, con el respaldo de un grupo de expertos en seguridad infantil en internet, estudia impulsar una regulación que establezca los 13 años como edad mínima para acceder a las redes sociales en todos los países de la Unión Europea.
La iniciativa, que todavía deberá concretarse en una propuesta legislativa, pretende armonizar las reglas entre los Estados miembros y reforzar la protección de los menores frente a los riesgos asociados al uso de las plataformas digitales.
La medida ha recibido el apoyo de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que considera necesario fijar un criterio único para toda la UE en lugar de permitir que cada país establezca límites distintos.
La organización sostiene que un marco común facilitaría el cumplimiento efectivo de una edad mínima que muchas plataformas ya incluyen en sus condiciones de uso, aunque en la práctica los controles siguen siendo insuficientes.
Bruselas busca una norma común para todos los Estados miembros
El planteamiento surge a partir del informe elaborado por el Panel de Expertos sobre Seguridad Infantil en Internet, creado por la Comisión Europea para evaluar el impacto de las plataformas digitales sobre niños y adolescentes.
Entre sus principales recomendaciones figura retrasar el acceso sin supervisión a las redes sociales hasta los 13 años y establecer un modelo progresivo para el uso de servicios digitales durante la adolescencia.
Los expertos defienden además que las plataformas deban demostrar que ofrecen un entorno seguro para los menores antes de permitirles acceder a determinadas funcionalidades.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha manifestado públicamente que las conclusiones del informe servirán como base para una futura iniciativa legislativa que Bruselas prevé presentar después del verano.
El objetivo es evitar que la proliferación de normas nacionales diferentes genere un mercado digital fragmentado dentro de la Unión Europea.
La OCU reclama plataformas menos adictivas y controles eficaces
Además del establecimiento de una edad mínima común, la OCU considera imprescindible que la futura regulación obligue a las empresas tecnológicas a modificar el diseño de sus servicios cuando estos fomenten un uso excesivo.
La organización reclama limitar funciones como el desplazamiento infinito de contenidos, la reproducción automática de vídeos o los sistemas de recomendación orientados a maximizar el tiempo de permanencia en las aplicaciones.
También pide que las plataformas asuman la responsabilidad de demostrar que sus servicios son seguros para los menores y que existan consecuencias claras cuando incumplan esas obligaciones.
Otro de los aspectos considerados prioritarios es la implantación de sistemas fiables de verificación de edad. Tanto el panel de expertos como la Comisión Europea coinciden en que muchas plataformas no aplican mecanismos suficientemente eficaces para impedir el acceso de usuarios por debajo de la edad permitida.
El debate europeo sobre la protección digital de los menores gana intensidad
La propuesta se enmarca en una estrategia más amplia de Bruselas para reforzar la protección de la infancia en el entorno digital.
En los últimos meses, la Comisión Europea también ha intensificado el control sobre el diseño de algunas grandes plataformas por considerar que determinadas funciones pueden favorecer comportamientos adictivos, especialmente entre los usuarios más jóvenes.
Al mismo tiempo, varios países europeos han abierto sus propios debates sobre la edad adecuada para acceder a las redes sociales y sobre la necesidad de reforzar los mecanismos de verificación.
La intención de Bruselas es avanzar hacia una regulación homogénea que combine límites de edad, mayor responsabilidad para las plataformas y herramientas de protección que reduzcan la exposición de los menores a contenidos y dinámicas potencialmente perjudiciales.
Si la iniciativa prospera, la futura propuesta deberá ser negociada por el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea antes de convertirse en legislación aplicable en todos los Estados miembros.