Persona con una calculadora haciendo números y una bombilla encendida.
Sube el recibo de la luz.

La factura de la luz cambia desde junio: Asescon avisa de lo que pagarán ahora millones de hogares

La recuperación del IVA del 21% y del impuesto eléctrico eleva el coste de la energía en un momento de fuerte presión para las economías familiares.

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Las facturas de la electricidad y el gas vuelven a encarecerse desde junio por la recuperación de la fiscalidad anterior aplicada a la energía.

La medida supone el regreso del IVA del 21% en la electricidad y del tipo habitual en el Impuesto Especial sobre la Electricidad, dos cambios que tendrán un impacto directo en los recibos de los hogares en un momento marcado por la subida generalizada de los costes básicos.

La Asociación Española de Consumidores ha advertido de que esta modificación fiscal llega en un contexto especialmente complicado para muchas familias, que continúan afrontando elevados gastos en alimentación, vivienda y suministros.

Según la organización, el problema no responde a una subida de los precios de mercado, sino al aumento de la carga impositiva que soportan los consumidores.

El regreso de estos tributos coincide además con la llegada de las altas temperaturas y el incremento del uso de aparatos de refrigeración en numerosos hogares, un factor que previsiblemente elevará el consumo eléctrico durante los próximos meses.

El impacto de la nueva fiscalidad llegará directamente a las facturas

Una de las principales novedades es la recuperación del IVA del 21% en la electricidad, después de que durante los últimos años se aplicaran reducciones temporales para amortiguar los efectos de la crisis energética y la elevada inflación.

El incremento supone más del doble del tipo reducido que se venía aplicando en determinados periodos.

A este cambio se suma la vuelta del Impuesto Especial sobre la Electricidad a su nivel anterior. Este gravamen pasa del 0,5% al 5,11269632%, lo que incrementará aún más el importe final que pagan los consumidores por este suministro básico.

Desde la Asociación Española de Consumidores consideran que la combinación de ambos factores provocará una subida significativa en los recibos energéticos.

La organización sostiene que muchas economías domésticas tendrán que realizar ajustes adicionales para absorber el aumento del gasto mensual.

La preocupación es especialmente elevada entre los hogares con menores ingresos, pensionistas y familias que ya destinan una parte importante de su presupuesto a cubrir necesidades esenciales.

En estos casos, cualquier incremento en los suministros básicos tiene un efecto directo sobre la capacidad de gasto y ahorro.

La entidad también advierte de que el encarecimiento de la energía puede trasladarse parcialmente a otros sectores económicos, aumentando costes de producción y distribución que terminan repercutiendo en los precios finales de bienes y servicios.

Los consumidores alertan de posibles efectos sobre la inflación y el poder adquisitivo

La Asociación Española de Consumidores considera que la recuperación de la fiscalidad energética puede contribuir a nuevas tensiones inflacionistas durante los próximos meses.

Aunque el peso concreto dependerá de la evolución de los mercados energéticos y del consumo, la organización entiende que el aumento de los impuestos tendrá repercusión en el Índice de Precios de Consumo (IPC).

La entidad sostiene que el actual contexto económico sigue siendo complejo para una parte importante de la población. A los costes energéticos se suman los incrementos registrados en la cesta de la compra y en el acceso a la vivienda, dos de los principales capítulos de gasto de las familias españolas.

Por este motivo, la organización lamenta que no se hayan prorrogado las medidas fiscales excepcionales al menos hasta final de año. A su juicio, el análisis de la situación energética no debería realizarse únicamente en función de la evolución del precio de la electricidad, sino teniendo en cuenta el conjunto de factores que afectan al presupuesto familiar.

La asociación defiende que las administraciones públicas deberían explorar vías de ajuste presupuestario y reducción de gastos antes de incrementar la presión fiscal sobre los consumidores.

Según su valoración, la recuperación de estos impuestos llega en un momento de especial vulnerabilidad para numerosos hogares que todavía no han recuperado plenamente su poder adquisitivo tras varios años de fuerte incremento del coste de la vida.