La OCU alerta sobre las residencias: uno de cada tres mayores no recibe atención psicológica semanal
Las familias alertan de la falta de personal y apoyo psicológico en las residencias: las esperas para una plaza pública superan los siete meses
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La escasez de personal, la insuficiente atención psicológica y las largas listas de espera para acceder a una plaza pública figuran entre los principales problemas detectados por los familiares de personas mayores que viven en residencias.
Así lo refleja una encuesta elaborada por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que dibuja un escenario de insatisfacción moderada y pone el foco en carencias que afectan directamente al cuidado diario de los residentes.
El estudio, realizado a partir de una muestra representativa de familiares cercanos, concluye que la valoración media de estos centros apenas alcanza el 6,5 sobre 10 en las residencias públicas y el 6,9 en las privadas.
Los resultados también muestran diferencias significativas entre comunidades autónomas. La Comunidad Valenciana obtiene las mejores puntuaciones, mientras que la Comunidad de Madrid y Cataluña registran las valoraciones más bajas, situándose por debajo de regiones como Andalucía y Galicia.
OCU: falta de personal en momentos clave de la atención
La principal preocupación expresada por las familias es la insuficiencia de profesionales, especialmente durante las noches, los fines de semana y los días festivos. Según los encuestados, esta situación repercute en aspectos básicos de la asistencia y dificulta la respuesta adecuada a las necesidades de los residentes.
Entre las consecuencias más señaladas figuran una menor vigilancia del estado de salud, retrasos o dificultades para ayudar a las personas mayores en tareas cotidianas como comer o asearse, además de problemas relacionados con la seguridad y la convivencia dentro de los centros.
La percepción de falta de recursos humanos no es nueva en el sector residencial, pero la encuesta sitúa esta cuestión como la principal fuente de malestar entre quienes mantienen un contacto habitual con los usuarios de estos servicios.
Para muchas familias, la calidad asistencial depende directamente de que exista una plantilla suficiente para atender situaciones que requieren una respuesta rápida y continuada.
Atención psicológica insuficiente y costes añadidos
El informe también advierte de carencias en el acompañamiento emocional y la salud mental. Un 36% de los mayores residentes no dispone de atención psicológica ni siquiera una vez por semana, según los datos recogidos por la OCU.
Esta ausencia de seguimiento especializado adquiere relevancia en un contexto marcado por la elevada prevalencia de deterioro cognitivo, demencias y cuadros depresivos entre la población residente. El perfil más frecuente corresponde a personas que ingresaron en torno a los 83 años debido a problemas de salud y distintos grados de dependencia.
A ello se suma el impacto económico de determinados servicios complementarios. Los familiares denuncian que prestaciones como podología, fisioterapia o peluquería generan un sobrecoste medio de unos 110 euros mensuales, una cantidad que incrementa el gasto habitual y obliga a muchas familias a reorganizar su economía para mantener la atención de sus mayores.
El acceso a una plaza sigue siendo un obstáculo
El coste y la disponibilidad condicionan la elección del centro residencial. El precio medio de una residencia privada ronda los 2.040 euros al mes, frente a los 1.188 euros de una plaza pública y los 1.689 euros de una concertada. Sin embargo, el problema no se limita al importe de las cuotas.
La encuesta indica que la espera media para acceder a una residencia pública alcanza los 225 días, más de siete meses, mientras que en las plazas concertadas se sitúa en 162 días.
Esta demora obliga en muchos casos a que las familias asuman los cuidados durante largos periodos o recurran temporalmente a opciones privadas cuyo coste resulta difícil de sostener.
Ante estos resultados, la OCU reclama a las administraciones autonómicas y locales un aumento de la oferta residencial y un refuerzo de las inspecciones para garantizar estándares adecuados de calidad en la atención a personas especialmente vulnerables.
La organización, la OCU, sostiene que los déficits detectados evidencian la necesidad de revisar un sistema sometido a una creciente presión asistencial.