La OCU lanza una advertencia urgente sobre las sillitas infantiles que muchos siguen usando
La OCU alerta sobre las sillitas infantiles que ya no deberían venderse: qué etiqueta hay que revisar antes de comprar
Síguenos en Google
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha vuelto a poner el foco en un problema que está muy presente en tiendas online y plataformas de segunda mano: la venta de sillitas infantiles para coche que no cumplen con la normativa europea vigente.
El aviso llega en un momento en el que muchas familias preparan desplazamientos por carretera y buscan sistemas de retención más baratos sin comprobar si están homologados.
La advertencia afecta especialmente a las sillas que todavía se comercializan bajo la antigua normativa ECE R44/04 o, en algunos casos, a modelos sin homologación europea válida.
Desde septiembre de 2024, las únicas sillitas que pueden venderse legalmente en España y en el resto de la Unión Europea son las que incorporan la homologación R129 i-Size.
OCU: la etiqueta naranja se ha convertido en la clave
La recomendación principal de la OCU es revisar siempre la etiqueta de homologación antes de comprar una silla infantil. Esa identificación, de color naranja, debe incluir la referencia R129 o i-Size, que certifica que el producto ha superado los estándares de seguridad actualmente exigidos en Europa.
La normativa R129 introdujo cambios importantes respecto al sistema anterior. Las sillitas ya no se clasifican únicamente por peso, sino también por altura del menor, algo que busca mejorar el ajuste y la protección en caso de accidente.
Igualmente, los ensayos de homologación son más exigentes e incorporan pruebas específicas de impacto lateral, inexistentes en muchas homologaciones antiguas.
Otro de los puntos que destaca la organización de consumidores es la obligación de mantener a los niños a contramarcha hasta, al menos, los 76 centímetros de altura.
Los expertos en seguridad vial llevan años defendiendo esta posición porque reduce el riesgo de lesiones graves en cuello y cabeza durante una colisión frontal.
La OCU insiste en que no basta con que la silla “parezca segura” o tenga buenas valoraciones en internet. El problema, según la entidad, es que en algunas plataformas digitales siguen apareciendo productos importados que carecen de homologación válida para Europa o utilizan certificados antiguos que ya no permiten su comercialización.
El mercado de segunda mano preocupa a los expertos
La organización también recomienda extremar la precaución con las sillitas usadas. Aunque una silla homologada con la antigua norma puede seguir utilizándose si está en buen estado, eso no significa que sea recomendable comprarla de segunda mano sin conocer su historial.
Uno de los mayores riesgos es que el sistema haya sufrido un accidente previo. A simple vista, la estructura puede parecer intacta, pero un impacto puede haber afectado a puntos de anclaje internos o piezas de absorción que resultan fundamentales en una colisión.
La OCU recuerda que muchas familias optan por este mercado para ahorrar dinero, pero advierte de que actualmente existen modelos nuevos homologados desde poco más de 50 euros, una diferencia que, según la asociación, no compensa el riesgo potencial.
También aconseja comprobar que la silla conserva todas sus piezas originales, el manual de instrucciones y los sistemas de fijación completos. En el caso de los dispositivos con anclaje ISOFIX, cualquier deterioro o montaje incorrecto puede reducir notablemente la eficacia del sistema de retención.
Multas, problemas con el seguro y riesgos en carretera
Más allá de la seguridad, utilizar una sillita no homologada puede tener consecuencias legales y económicas. La normativa española obliga a que los menores de hasta 135 centímetros viajen con sistemas de retención infantil adecuados y homologados.
La OCU recuerda que, en caso de accidente, las aseguradoras podrían cuestionar la cobertura si el menor viajaba en una silla que incumple la normativa vigente. Además, circular con un sistema no autorizado puede acarrear sanciones de hasta 400 euros y la retirada de puntos del permiso de conducir.
En paralelo, las organizaciones de consumidores siguen reclamando una vigilancia más estricta sobre las plataformas online donde se venden productos infantiles importados sin controles suficientes.
El objetivo es evitar que modelos sin homologación europea sigan llegando a las familias a través de anuncios que, en muchos casos, no especifican claramente si cumplen o no con la regulación actual.