Las llamadas spam empeoran en España, más de la mitad recibe más de 10 al mes según la OCU
La OCU denuncia que la ley contra las llamadas spam no está funcionando: el 98% de los consumidores sigue recibiéndolas
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La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) considera que la nueva Ley de Servicios de Atención a la Clientela, en vigor desde diciembre, no ha conseguido reducir las llamadas comerciales no solicitadas.
Según una encuesta elaborada por la propia organización, el 98% de los consumidores continúa recibiendo este tipo de contactos telefónicos y, en muchos casos, con mayor frecuencia que hace un año.
La asociación advierte de que el problema del spam telefónico sigue afectando a millones de usuarios pese a las nuevas obligaciones impuestas a las empresas y reclama medidas adicionales para identificar de forma clara quién está detrás de cada llamada.
La organización difundió este lunes los resultados de un sondeo en el que asegura que la situación incluso ha empeorado desde la entrada en vigor de la norma.
Entre los usuarios que afirman recibir más de diez llamadas comerciales al mes, el porcentaje ha pasado del 37% al 58% en apenas un año. Aun así, la OCU acepta esperar a que concluya el periodo de adaptación de doce meses previsto por la ley antes de valorar de manera definitiva su impacto real.
OCU: más llamadas y pocas diferencias para el consumidor
La ley introdujo nuevas obligaciones para las compañías dedicadas a la comercialización de servicios básicos, especialmente en sectores como electricidad, gas, telecomunicaciones, agua, transporte o productos financieros.
Entre las medidas aprobadas figura la obligación de utilizar prefijos específicos, como el 400, en las llamadas comerciales para facilitar su identificación por parte de los usuarios.
La OCU sostiene que, en la práctica, esa medida todavía no se está aplicando de forma generalizada. Por ello, ha pedido a las empresas que comiencen cuanto antes a utilizar esos prefijos en todas sus comunicaciones comerciales y recuerda que cualquier contrato formalizado a través de una llamada no consentida puede considerarse inválido.
La organización también destaca otra de las novedades introducidas por la normativa: desde el próximo 12 de junio quedará prohibida la contratación telefónica de suministros eléctricos salvo que el consumidor haya solicitado previamente la llamada o la haya iniciado él mismo.
La asociación espera que esa misma limitación termine extendiéndose también al suministro de gas, uno de los sectores donde más denuncias de llamadas comerciales se registran cada año.
Las estrategias de los usuarios para evitar el spam
El estudio de la OCU refleja además cómo los consumidores han tenido que adaptar sus hábitos para intentar reducir el impacto de estas llamadas. La medida más utilizada es el bloqueo manual de números de teléfono, una práctica que asegura realizar el 70% de los encuestados.
La organización considera que este método tiene una eficacia limitada debido a la gran cantidad de líneas diferentes utilizadas por las empresas de telemarketing.
Otra de las soluciones más habituales es la detección automática de spam incorporada en muchos teléfonos móviles, utilizada por el 45% de los participantes en la encuesta.
Igualmente, un 18% afirma estar inscrito en la lista Robinson, el sistema que permite limitar el uso de datos personales con fines publicitarios.
El informe también señala un efecto secundario cada vez más frecuente: el rechazo sistemático de llamadas de números desconocidos.
Según la OCU, el 43% de los usuarios evita responder llamadas de teléfonos que no reconoce, una práctica que puede acabar afectando a comunicaciones legítimas relacionadas con citas médicas, repartos, gestiones bancarias o servicios públicos.
La OCU pide un registro público de llamadas comerciales
Ante esta situación, la organización ha reclamado a la Administración la creación de un registro público que permita identificar de manera sencilla la procedencia de las llamadas comerciales.
El objetivo sería que cualquier usuario pudiera saber qué empresa está contactando con él antes de responder y disponer de mecanismos más claros para denunciar posibles abusos o incumplimientos de la normativa de protección de datos.
La asociación insiste en que el problema no se limita únicamente a las molestias diarias provocadas por las llamadas insistentes. También considera que existe un riesgo añadido para los consumidores más vulnerables, especialmente personas mayores, que pueden acabar contratando servicios sin tener información suficiente o bajo presión comercial.
Entre tanto se completa el periodo de adaptación previsto por la ley, la OCU mantiene la presión sobre empresas y administraciones para que las medidas aprobadas no queden únicamente sobre el papel y tengan un efecto real sobre una práctica que continúa siendo una de las principales quejas de los consumidores en España.