CÁDIZDIRECTO/J.L.P.- La alcaldesa de Cádiz y candidata del Partido Popular a la Alcaldía, Teófila Martínez, ha sido denunciada esta semana ante el Tribunal Supremo, por su condición de aforada al ser diputada nacional, por un presunto delito de prevaricación, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. Esta denuncia se produce por la adjudicación de la organización de concierto de Chayanne en la Playa de la Victoria de la capital gaditana en 2010 y que fue adelantado un día tras suspender un juzgado cautelarmente su celebración el 21 de agosto por existir duplicidad en el contrato de representación del artista.
El Ayuntamiento en junta de Gobierno acordó el 16 de julio de 2010 adjudicar al empresario Francisco Toro Funes la organización y producción completa del espectáculo del Festival Cádiz Latino del año 2010, donde debían actuar los artistas Macaco y Chayanne, y por el importe total de 441.040,34 euros. Sin embargo, la empresa Inversus Inhotel aseguró que tenía la exclusividad para la actuación de Chayanne.
Para la adjudicación de este evento el Consistorio se acogió al “procedimiento excepcional negociado sin publicidad y tramitación de urgencia”, que exige como requisito sine qua non, indispensable para presentar ofertas, y que éstas sean admitidas por el Ayuntamiento, que el empresario oferente tenga en ese momento la exclusividad del artista. En el propio documento de adjudicación se hace constar que se adjudica el evento a Don Francisco Toro “por ostentar los derechos en exclusiva para la actuación y producción completa”, según indica el apoderado de Inversus Inhotel, Antonio Luna Pino.
De igual manera, Luna afirma que «no es hasta el día 29 de junio, 8 días después del plazo de finalización de ofertas cuando Francisco Toro presenta un documento de la sociedad Fix Music en el que le atribuye dicha exclusiva, que no figuraba en su oferta presentada antes del plazo límite, el 21 de junio de 2010″. El apoderado de Inversur Inhotel indica igualmente que «este empresario acapara desde hace años la adjudicación de los principales eventos de la ciudad de Cádiz».
Así las cosas, como consecuencia de dicha adjudicación, Inversus Inhotel inició un procedimiento judicial frente a Fix Music, logrando como medida cautelar que se suspendiera por el Juzgado de Primera Instancia la actuación de Chayanne del día 21 de agosto, aunque el Ayuntamiento retrasara la fecha al 30 de agosto, día en que finalmente se celebró (el cantante pidió incluso perdón por la suspensión el día 21).
Según Luna, en este proceso «el Interventor municipal, Juan María Moreno Urbano, reconoció en su testifical que Toro Funes, que así lo corroboró en la suya recibió del Ayuntamiento de Cádiz por la organización y producción completa de dicho espectáculo una cantidad muy superior a la fijada al adjudicar el evento, en concreto un total de 517.740,34 euros, casi un 20 por ciento más de gasto para el erario público». De igual manera, asegura que «finalmente abonado por el Ayuntamiento por dicho festival, incluida la actuación de Chayanne, fue de 700.758,34 euros; es decir, casi el doble del importe por el que se había acordado la adjudicación».
Por todo ello, Antonio Luna, en calidad de apoderado de Inversus Inhotel, ha denunciado ante el Tribunal Supremo a Teófila Martínez, aforada por su condición de diputada, ya que considera que «existen indicios que deben ser investigados por el Tribunal Supremo y por la Fiscalía por un presunto delito de malversación de caudales públicos y prevaricación».
De igual manera, ha denunciado a la alcaldesa de Cádiz «por un presunto delito de tráfico de influencias y por denuncia falsa, al descubrir Inversus Inhotel, dos años después de solicitar medidas cautelares de suspensión del concierto de Chayanne, que había presentado directamente un escrito dirigido al Juez del Juzgado de Primera Instancia nº 57 de Madrid (que había estimado la solicitud de medidas cautelares de suspensión del concierto de Chayanne), en el que se vertieron acusaciones falsas frente Inversus Inhotel con evidente ánimo de influir o inducir las decisiones judiciales a adoptar por el Juzgado».
