El servicio de coordinación, gestión y atención telefónica de Emergencias 112 Andalucía en Cádiz estará de huelga indefinida a partir de finales de esta próxima semana por las condiciones que atraviesa el colectivo.
El comité de huelga de la plantilla del 112 en Cádiz, gestionado por la empresa Ilunion Emergencias, apunta a una combinación de precariedad laboral, disminución de personal y falta de acción por parte de la Junta de Andalucía para explicar los motivos de estos paros.
Así, a partir del próximo 6 de diciembre de 2024 el 112 en la provincia de Cádiz iniciará una huelga indefinida por lo que consideran empeoramiento constante de sus condiciones laborales y del propio servicio que se ofrece a la ciudadanía.
La plantilla denuncia que, a pesar de que “el consejero presumió en 2023 de haber aumentado el presupuesto para este servicio un 25 por ciento”, lo que ha ocurrido en realidad es un empeoramiento de las condiciones laborales y operativas. Entre otras cosas, se señala que en varios turnos críticos se ha reducido el número de trabajadores, pasando de tres a solo dos personas para cubrir toda la provincia.
En su comunicado, los trabajadores destacan la complejidad del trabajo que desempeñan, agravada por la reducción de personal y el exceso de demandas administrativas. “Para un turno de dos personas, tenemos además cuatro jefes operativos a los que atender: Técnico de Operaciones, Asesor Técnico de Emergencias, Coordinador Provincial de Emergencias y Jefe de Servicio de Protección Civil”. Estas demandas se incrementan en momentos de saturación, generando bloqueos en la sala de emergencias.
En esas circunstancias, las gestiones se duplican con frecuencia, lo que según el comité de huelga, es “cuestionable en eficacia” y aumenta la presión sobre los operadores. Este desequilibrio pone en riesgo la capacidad de respuesta del servicio en situaciones críticas.
El comité de huelga también subraya que no existe un sistema organizado de guardias localizadas que permita reforzar la sala en momentos de emergencia. “Se llama a personal de la bolsa de trabajo por si puede acudir a horas intempestivas”, explican. De no conseguir personal disponible, se recurre a trabajadores de la plantilla para que “hagan el favor”.
La empresa no ofrece incentivos suficientes para que los empleados asuman esta responsabilidad adicional. “No quiere negociar volver a pagar estar de localizado en las condiciones que teníamos con contratas anteriores. Solo ofrece pagar la presencia si se acude”. Esto, denuncian, convierte el sistema de refuerzos en una solución improvisada y dependiente de la “buena fe de la plantilla”.
Además, las carencias de personal se solventan en ocasiones con trabajadores de otras provincias que se conectan remotamente a través de WhatsApp. Los empleados locales denuncian que esto “es ineficiente y retrasa la gestión ordinaria de emergencias”, ya que los operadores externos no tienen el conocimiento necesario de la provincia.
Contratos parciales y acuerdos obsoletos
Desde el comité de huelga se denuncia un incremento de la contratación parcial durante la última década, lo que afecta a la estabilidad laboral del equipo. Además, se señala la aplicación de un acuerdo de 2014 que el Estatuto de los Trabajadores considera extinguido (artículo 82.3). Este acuerdo, sin embargo, sigue vigente mientras se espera una resolución judicial que, según el comité, no llegará hasta “bien entrado 2027”.
La situación se ve agravada por la falta de respuesta efectiva de la Inspección de Trabajo de Cádiz, que a pesar de tener “acuerdos de colaboración con este servicio”, no actúa frente a las irregularidades denunciadas. Ante esta falta de acción, los trabajadores se han visto obligados a presentar una queja ante el Defensor del Pueblo, que actualmente está en curso.
En su comunicado, los trabajadores cuestionan la calidad de la formación que reciben. La Junta de Andalucía ha justificado históricamente la externalización del servicio en la supuesta capacitación especializada que ofrecen las empresas contratadas. Sin embargo, según los empleados, las actualizaciones operativas se envían “por correo” y se consideran impartidas sin dedicar tiempo específico para abordarlas.
Este año, parte de las horas de formación se utilizaron en un curso sobre gestión del estrés, algo que los empleados califican como un intento de “calmarlos” frente a la precariedad que ellos mismos denuncian como causa del estrés. Otro curso, de foniatría, tenía como objetivo preservar la voz de los operadores, pero no abordó problemas más urgentes.
El sistema informático, que ya fue sancionado por la Inspección de Trabajo en su momento, continúa causando “fatiga visual y psíquica”. Pese a esto, la Inspección ha “vuelto a lavarse las manos”, y la empresa anuncia una nueva aplicación para 2025 que genera desconfianza entre la plantilla.
Los trabajadores también acusan a las autoridades de mirar hacia otro lado frente a las irregularidades. La Dirección General de Protección Civil de Andalucía y el Servicio Local de Protección Civil en Cádiz, responsables de supervisar el cumplimiento del pliego de condiciones, “ni siquiera han convocado al denunciante” a las reuniones donde se abordan estas problemáticas. “Es cómplice de la situación”, concluye el comité de huelga.
La situación, según los trabajadores, refleja un abandono institucional que pone en peligro la eficacia de un servicio esencial para la ciudadanía gaditana. “Luego, pasa lo que pasa… y todos se llevan las manos a la cabeza”, advierten en su comunicado.
Con esta huelga indefinida, los empleados buscan visibilizar su situación y forzar una respuesta por parte de la Junta de Andalucía y de ILUNION Emergencias, mientras los ciudadanos quedan expectantes ante cómo se gestionará este conflicto en un servicio vital.
