Denuncian la eliminación de viviendas protegidas del proyecto urbanístico de Tacita de Plata en Cádiz
Adelante acusa al Ayuntamiento de eliminar el alquiler protegido y favorecer la especulación inmobiliaria en suelo público
El proyecto de transformación urbanística y remodelación de la barriada Manuel de Falla en Cádiz, la zona conocida como los patios Tacita de Plata, no contará con las viviendas protegidas que contemplaba inicialmente. Así lo denuncia al menos Grupo Municipal Adelante Izquierda Gaditana (AIG).
Según el partido de la oposición, el Consejo de Administración de Procasa ha acabado reduciendo a una operación cespeculativa lo que inicialmente fue concebido como una intervención que apostaba por el alquiler protegido.
Adelante afirma que, el Ayuntamiento de Cádiz, mientras saca pecho de su política en vivienda, ha eliminado casi por completo las viviendas protegidas en régimen de alquiler en este proyecto de la conocida como Tacita de Plata.
AIG critica la decisión municipal. Helena Fernández, concejala de AIG y también consejera de Procasa, se abstuvo durante la votación del estudio de detalle del proyecto presentado por la presidenta de Procasa, Ana Sanjuán.
Según ha señalado Fernández, el documento no se corresponde en absoluto con el diseño proyectado durante el mandato del anterior equipo de Gobierno liderado por José María González. Este cambio sustancial en el planteamiento original es, de hecho, el eje de una polémica que trasciende lo técnico: estamos ante una redefinición ideológica sobre el uso del suelo público y el derecho a la vivienda en la ciudad de Cádiz.
El proyecto original concebido por el anterior equipo de Gobierno contemplaba la construcción de 209 viviendas. De ellas, 112 se reservaban al realojo de los actuales inquilinos de la barriada Tacita de Plata. Además, se incluían 97 viviendas protegidas adicionales, de las cuales 81 eran en régimen de alquiler y 16 en régimen de venta. También se tenía en cuenta la existencia de cuatro propietarios ya establecidos en la zona.
Ese equilibrio ha sido alterado en el nuevo planteamiento presentado por Procasa, que reduce el total a 198 viviendas. De ellas, 114 son viviendas protegidas, pero se eliminan por completo las previstas en régimen de alquiler. Las otras 84 se destinan a la venta como viviendas de renta libre. Para Adelante Izquierda Gaditana, esta decisión es inaceptable, ya que margina al Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida y prioriza el mercado frente a la necesidad social. “Esta gran operación urbanística, tal y como la plantea ahora mismo el equipo de Gobierno de Bruno García, no aporta ninguna vivienda al Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida de Cádiz”, denunció Helena Fernández.
Es una afirmación que resulta imposible ignorar. El Registro Municipal de Demandantes, instrumento clave en la planificación y asignación de viviendas públicas, queda completamente al margen de esta nueva propuesta. Una iniciativa que, lejos de aliviar la presión habitacional que sufren cientos de gaditanos, parece centrarse en aumentar el número de viviendas en venta. ¿Para quién? Esa es una de las preguntas que resuenan con fuerza. Y más aún cuando el Ayuntamiento de Cádiz viene sacando pecho con su política de vivienda, llega esta denuncia de la oposición.
Resulta especialmente llamativo que desde AIG sí hayan apoyado la solicitud formal al Ayuntamiento para la cesión gratuita, mediante adjudicación directa, de los bienes inmuebles municipales en la unidad de ejecución UE-EX-15 Manuel de Falla. Este gesto pone en evidencia que no existe un rechazo frontal a la operación urbanística en sí misma, sino al modo en que se ha desfigurado el propósito social que motivó su origen. Como ha recordado Fernández, el objetivo siempre fue la remodelación integral de la barriada, pero priorizando el alquiler frente a la venta. En el nuevo plan, sin embargo, solo queda un rastro borroso de aquella intención.