El concejal Pablo Otero recula ante la presión por el despido en la residencia de mayores que dirige en Cádiz
La decisión había generado la denuncia sindical y una fuerrte repercusión social y política
Parece que el concejal del Partido Popular y cuarto teniente de alcalde del Ayuntamiento de Cádiz, Pablo Otero, no ha podido aguantar el pulso sindical y ha preferido evitar una concentración que lo señalara por el despido de un trabajadora que trataba de montar un comité de empresa en la residencia de mayores que dirige.
Dos días después de que Cádiz Directo publicara el despido que calificaban como una posible "represalia sindical" Otero ha movido ficha. O se la han hecho mover.
A primera hora de este miércoles 21 de mayo se ha formalizado la readmisión de la trabajadora que fue despedida de manera improcedente de la residencia de mayores Fragela, centro dirigido por Pablo Otero. La decisión de readmitirla llega apenas dos días después de que el caso fuera publicado por el medio Cádiz Directo, algo que parece haber incrementado la presión sobre el edil al llegar lo ocurrido a la opinión pública.
Otero compagina su cargo como cuarto teniente de alcalde del Ayuntamiento de Cádiz con la dirección de la residencia de mayores Fragela, gestionada por una fundación privada. Para ello, cuenta con una liberación parcial en el Consistorio, lo que le permite seguir vinculado a la gestión del centro asistencial. Esta situación ha sido duramente criticada desde sectores sindicales y políticos, que cuestionan la compatibilidad entre un cargo público de responsabilidad y la toma de decisiones laborales en una entidad privada.
El despido, que afectaba a una trabajadora que formaba parte de un grupo que intentaba impulsar la creación de un comité de empresa en la residencia —donde trabajan más de medio centenar de personas—, fue interpretado como una posible represalia sindical. La reacción fue inmediata: CCOO convocó una concentración frente al Ayuntamiento para el viernes 23 de mayo y Adelante Izquierda Gaditana exigió públicamente la readmisión o el cese del concejal.
Desde Adelante Izquierda Gaditana, su portavoz David de la Cruz subrayó que quien está al frente de la Delegación de Asuntos Sociales “debe mirar por el interés de todos sus vecinos y vecinas en todos los aspectos y espacios de su vida”, y que resulta “inadmisible” que alguien con esa responsabilidad actúe contra los derechos laborales más básicos. El grupo municipal defendió desde el principio que este despido iba en contra del derecho de los trabajadores a organizarse libremente y señalaba una actitud impropia de quien ejerce como representante público.
El portavoz de Adelante, David de la Cruz, fue tajante en su valoración del caso: “O bien el concejal readmite a esta trabajadora, o bien Pablo Otero no puede seguir siendo concejal de esta ciudad”. De la Cruz también recordó que “Pablo Otero es concejal las 24 horas del día. No deja de serlo cuando actúa como gerente de la empresa con la que comparte dedicación para cobrar de ambas labores”, lo que evidencia, según el grupo municipal, un grave conflicto de intereses entre lo público y lo privado.
La publicación de la noticia provocó un importante revuelo en redes sociales, donde decenas de mensajes denunciaban el despido como un ataque a la libertad sindical, cuestionaban la compatibilidad de cargos del edil y exigían su dimisión. El hecho de que el caso afectara directamente a un cargo público en activo amplificó el eco mediático.
Tras la repercusión pública, parece que se intensificaron los contactos con el concejal y director del centro. Finalmente, la presión social, sindical y política ha llevado a Pablo Otero a recular y aceptar la reincorporación de la trabajadora.
Desde el sindicato CCOO se había trasladado en todo momento la sospecha de que el despido fue una decisión unilateral del propio Pablo Otero, adoptada de forma precipitada como respuesta directa al intento de crear un comité de empresa. Según trasladan fuentes sindicales, la Fundación Fragela, titular del centro, incluso no habría tenido constancia previa de la medida, lo que refuerza la tesis de que fue un “calentón” del director más que una actuación dentro de la entidad.
El hecho de que el despido fuera declarado improcedente evidencia que no había causa legal para ejecutarlo y, por tanto, parece tener un mensaje detrás hacia el resto de la plantilla. El desenlace supone una victoria colectiva y de la propia afectada en particular.
La trabajadora, que había vivido con inquietud estos días de incertidumbre, ha mostrado su satisfacción tras la firma, agradeciendo el apoyo recibido y dando por buena la situación vivida al alcanzarse este desenlace. Como consecuencia de la resolución del conflicto, la movilización convocada para este viernes por CCOO ha sido anulada.
Este no es el primer caso reciente en el que un concejal del equipo de gobierno del Partido Popular en Cádiz parece verse obligado a rectificar tras una polémica pública. Hace solo unos meses, el primer teniente de alcalde y concejal de Memoria Democrática, José Manuel Cossi, tuvo que corregir su discurso después de unas declaraciones en la Cadena SER en las que no apoyaba el cambio de nombre del Estadio Mirandilla. Horas después, difundió un audio que parecía más una declaración corregida que leía que una opinión propia, con lo que parecía dar marcha atrás ante la presión interna y externa.
El caso de Pablo Otero viene a reforzar esa tendencia: una primera decisión (o declaración) controvertida, repercusión mediática que desemboca en una rectificación. De momento, con la readmisión firmada, el conflicto en la residencia Fragela se da por cerrado.