El consejero de Justicia de la Junta de Andalucía legitima saltarse la ley
José Antonio Nieto sugiere que el cumplimiento de la ley puede quedar supeditado al sentimiento popular en el caso del estadio Carranza
A la controversia sobre el cambio de nombre del estadio municipal de Cádiz, siempre parece quedarle una entrega. Un capitulo aún más chocante en ocasiones. Tanto, que hace que el titular de un departamente de justicia llegue a pedir que se incumpla la ley. Los pájaros disparándole a los cazadores.
El consejero de Justicia de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, ha realizado este jueves unas declaraciones que suponen, para muchos, un salto preocupante en el debate en torno a restaurar el nombre de una figura franquista muy destacada como fue Ramón de Carranza en el nombre del estadio municipal de Cádiz, donde juega el Cádiz CF.
Nieto ha abierto una peligrosa puerta que parece poco acertada en alguien que ocupa su puesto: responsable de la Administración de Justicia de Andalucía. Y ha realizado estas declaraciones en el acto de presentación del proyecto de la nueva Ciudad de la Justicia: “Carranza es un concepto. Cambiar las cosas por capricho no funciona”. Lejos de desactivar la tensión, sus palabras introducen un mensaje inquietante: que el sentir popular podría justificar el incumplimiento de una ley. Y lo ha hecho, por ejemplo, delante del presidente de la Audiencia Provincia del Cádiz, Manuel Estrella.
En las declaraciones, recogidas por Radio Cádiz de la Cadena SER, Nieto defiende la denominación Estadio Carranza como algo “más allá del apellido” y cargaba contra el cambio previo a Nuevo Mirandilla como una decisión “impuesta por capricho”. Pero lo más significativo no fue la crítica al anterior gobierno por cumplir la ley, sino la justificación implícita a que se restaure el nombre original del estadio, aún sabiendo que puede vulnerar la Ley de Memoria Democrática.
El contexto no es menor. El estadio del Cádiz CF llevó durante décadas el nombre de Ramón de Carranza, político y alcalde franquista. En cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática de Andalucía, el Ayuntamiento de Cádiz procedió en 2021 a eliminar esa denominación por su relación con el golpe de Estado de 1936 (Carranza llegó a la ciudad en avioneta pocos días después para asumir la alcaldía)y la dictadura. El cambio fue objeto de un proceso ciudadano, en el que participaron asociaciones y vecinos, y que culminó con la adopción del nuevo nombre, aunque no sin polémica.
La resistencia simbólica y social al cambio ha persistido, con parte de la afición y sectores conservadores del entorno insistiendo en seguir llamando "Carranza" al estadio. Y hace nueve meses, el Ayuntamiento dijo que iniciaba el expediente para rebautizar el estadio como Estadio carranza. Sigue sin haber novedades de ese expediente.
Porque en este caso, como apuntan historiadores, colectivos memorialistas y responsables institucionales, el nombre “Carranza” no es neutro ni genérico. Tiene claro que es heredero directo del Estadio Ramón de Carranza, dedicado al primer alcalde franquista de Cádiz, figura clave en la represión que siguió al golpe de Estado de 1936. La ley es clara: no pueden mantenerse denominaciones públicas que honren a responsables del franquismo. El intento de despersonalizar el nombre eliminando el "Ramón" ha sido calificado como “fraude de ley” por la propia Secretaría de Estado de Memoria Democrática.
En ese marco, las declaraciones del Consejero de Justicia adquieren una gravedad aún mayor. ¿Todo lo que dice es por encima de la Ley? ¿Qué significa que “Carranza es un concepto”? ¿Está la Junta de Andalucía cuestionando abiertamente la autoridad de una norma que ha sido debatida, aprobada y aplicada con total legalidad por las instituciones competentes? Porque si Estadio Carranza no viniera de Estadio Ramón de Carranza sería otra cosa diferente, viniendo de ahí parece que tiene poco encaje dentro del marco de la Ley de Memoria Democrática en vigor. Y que un consejero de Justicia diga esto es gravísimo: está llamando a incumplir la ley si la gente lo identifica como suyo. Unas declaraciones que abren una puerta muy peligrosa.
Y es que la gravedad no está solo en lo dicho, sino en quién lo dice: el máximo responsable autonómico de velar por la legalidad y el cumplimiento del marco normativo en Andalucía. En lugar de defender la aplicación de la ley, José Antonio Nieto legitima un posible incumplimiento si existe un respaldo emocional o simbólico entre la ciudadanía. Basta imaginar el ejemplo que queramos en otro campo para calibrar este posicionamiento.
Desde que se inicio este nuevo proceso, la Plataforma Carranza Incumple, el PSOE, Adelante Izquierda Gaditana y la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica de Cádiz ya han advertido en múltiples ocasiones que este proceso no es inocente. Que cambiar de nuevo el nombre es “restituir” un homenaje explícito al franquismo y un retroceso democrático.
El Ayuntamiento, por su parte, repite que actúa “de buena fe”. Lo dijo el alcalde Bruno García, lo repite cada concejal implicado, y lo reafirman mientras se acumulan más de nueve meses sin resolver el expediente. A día de hoy, el procedimiento sigue abierto, sin informes favorables (que se sepa) y con el Gobierno central avisando de que no se tolerará una vulneración de la ley.
Pero tras las palabras del consejero Nieto, la discusión adquiere un nuevo nivel: el de un representante institucional que no sólo parece querer reinterpretar la ley, sino que plantea que, si la calle lo reclama, hay que encontrarle la vuelta. El problema no es el “sentir popular”; el problema es institucionalizar el atajo. Y abrir, desde arriba, la puerta al incumplimiento legal con el argumento más peligroso de todos: “porque la gente lo quiere”.