Bruno García y José Manuel Cossi llegan al Pleno.
El alcalde, Bruno García, acompañado de su primer teniente de alcalde, José Manuel Cossi, llegan al arco plenario antes de la sesión. Foto: Eulogio García.

Giro del PP con las viviendas turísticas en Cádiz: el Ayuntamiento suspende nuevas autorizaciones durante tres años

Aprobada por unanimidad, la suspensión afectará a todo el término municipal y busca frenar el auge de pisos turísticos en zonas tensionadas

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El Ayuntamiento de Cádiz ha aprobado por unanimidad, en un Pleno extraordinario celebrado este martes 13 de mayo de 2025, la suspensión total de nuevas autorizaciones para viviendas de uso turístico (VUT) durante los próximos tres años.

La decisión representa un giro claro del Partido Popular en su política respecto a las viviendas turísticas después de votar en contra de medidas de control e incluso de presentar recursos judiciales desde la Junta de Andalucía —también gobernada por el PP— contra iniciativas similares impulsadas por el anterior equipo de gobierno local.

Tal y como subrayó la oposición durante el debate plenario, el viraje político no solo ha sido evidente, sino que responde a una presión social creciente y sostenida en defensa del uso residencial del suelo urbano y contra el aumento descontrolado de pisos turísticos.

Por su parte, el equipo de gobierno municipal, encabezado por Bruno García, señala que esta medida forma parte de una estrategia más amplia que el actual , pretende desplegar en los próximos meses para combatir la turistificación y mejorar el acceso a la vivienda para la población residente.

Lo que parece evidente es el cambio en los postulados del PP en materia de VUT en la ciudad, impulsado en parte por la presión social en la ciudad. Una presión que puso en el foco esta problemática a raíz de la noticia del intento de deshaucio de una mujer de 86 años de la casa en la que vivía en el Barrio del Pópulo, que publicó Cádiz Directo. A raíz de esa información, las movilizaciones y las protestas se agudizaron.

Hoy, el Ayuntamiento ha dado un paso más. Lo aprobado en el Pleno de hoy es la modificación puntual nº 9 del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Cádiz, cuyo objetivo es regular y restringir las condiciones de implantación del uso de hospedaje en su categoría de VUT en el suelo de uso residencial.

Esta modificación introduce una serie de condiciones técnicas y legales que limitan drásticamente la posibilidad de nuevas VUT en la ciudad. El uso turístico de una vivienda solo podrá implantarse si se cumplen tres requisitos:

  • Acceso exclusivo y directo desde espacio público o libre privado conectado con vía pública.
  • Que el inmueble se ubique en la zona del Ensanche Moderno, quedando excluido el casco histórico.
  • Que no se localice en zonas con saturación turística superior al 4%, como la Alameda o el centro histórico, que ya superan ese umbral.

La modificación pretende preservar el carácter residencial del suelo urbano, revirtiendo así el crecimiento acelerado de los alojamientos turísticos en la ciudad, que según el gobierno local han causado un impacto negativo sobre la oferta de vivienda para residentes.

Desde que se aprobó el PGOU en 2011, esta es ya su novena modificación, y se ampara en la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA) y el Decreto Ley andaluz publicado en febrero de 2025, que faculta a los ayuntamientos a suspender temporalmente este tipo de autorizaciones.

Presión turística

Los datos evidencian un aumento acelerado de las viviendas turísticas en Cádiz. En septiembre de 2019, había 1.224 VUT registradas (2,46% del total de viviendas). En 2021, ya eran 1.924 (3,87%) y en 2022, 2.235 (4,5%). Según los últimos registros de 2025, hay 2.425 viviendas de uso turístico con capacidad para 11.509 plazas, lo que representa el 4,89% del parque total de inmuebles residenciales de la ciudad.

Zonas como el centro histórico presentan una concentración todavía más alta: según el INE, la presión turística en el casco antiguo supera el 6,5% y alcanza el 7,31% en zonas como la Alameda.

Este crecimiento ha conllevado una reducción de la oferta de viviendas permanentes, una subida del precio del alquiler —que ronda ya los 1.000 euros mensuales— y la expulsión progresiva de vecinos, especialmente en los barrios tradicionales como La Viña o El Pópulo.

Un cambio de rumbo del PP que no pasa desapercibido

La unanimidad en el Pleno no ha evitado los reproches de la oposición por el cambio de postura del Partido Popular, que durante años se opuso activamente a estas medidas. Helena Fernández (Adelante Izquierda Gaditana) resumía así el sentimiento de su grupo: “Más vale tarde que nunca”. David de la Cruz (AIG) fue más directo: “Me alegro de que os hayáis tragado este sapo, que os hayáis dado cuenta del error en el que estabais instalados”.

Desde el PSOE, Óscar Torres también recordó que “llevamos pidiendo esta medida desde hace años, y debería venir acompañada de otras”, como la transformación de locales comerciales en viviendas bajo ciertos criterios, o la aplicación de una tasa turística que la Junta de Andalucía, según dijo el propio José Manuel Cossi, “acabará implementando más pronto que tarde”.

David de la Cruz (AIG) también cuestionó la tardanza en actuar: “Han pasado dos años desde que gobiernan y hoy es el inicio de la primera medida que trae el Ayuntamiento en materia de vivienda, algo a lo que se negaban desde hace años”.

El delegado de Urbanismo, José Manuel Cossi, defendió la contundencia de la medida afirmando que “este es un paso importante para la restricción de los pisos turísticos en la ciudad, que se han convertido en un problema para el acceso a la vivienda”.

Cossi destacó la gestión del actual equipo de gobierno y ofreció cifras comparativas: “Cuando llegamos en junio de 2023, solo se habían dado de baja 28 VUT. Nosotros hemos dado de baja 431, de las cuales 227 solo en 2024, usando la misma normativa que la Junta ya tenía en vigor”.

A pesar del tono crítico, tanto PSOE como AIG votaron a favor de la medida, dejando claro que la urgencia del problema exige acción, independientemente de las siglas.

Otras medidas en camino: fin de la reconversión hotelera

Además de la moratoria de licencias, el alcalde Bruno García adelantó que se aprobarán otras dos medidas complementarias:

  • Prohibición de transformar edificios residenciales en hoteles.
  • Regulación estricta de la reconversión de locales comerciales y oficinas en viviendas, permitiéndola solo si el acceso se realiza a través de un vestíbulo conectado con espacio público y que dé servicio a al menos tres viviendas.

“Hoy es un día positivo para la ciudad de Cádiz”, señaló el alcalde, quien añadió que “este es un camino que se va a seguir andando”.

Estas medidas buscan mantener el equilibrio entre la actividad económica turística y el derecho a la vivienda, y se suman al encargo de un estudio de presión turística por zonas, con el que el Ayuntamiento podrá determinar si en algún momento se podrían otorgar nuevas licencias, siempre bajo las máximas restricciones.

Propuestas en la consulta previa

Durante la fase de consulta previa, solo se presentaron dos sugerencias ciudadanas:

El arquitecto Gumersindo Fernández, al que le han salpicado algunas polémicas en torno a viviendas turísticas, propuso permitir nuevos accesos a viviendas en locales mediante portales independientes, y flexibilizar el uso de locales en unidades de ejecución. También sugirió que la suspensión de licencias se aplique con la aprobación definitiva, no la inicial.

La Asamblea Local de Izquierda Unida criticó que la medida es insuficiente y pidió una ordenanza que equipare el régimen de las VUT al resto de usos de hospedaje, para así revertir la turistificación. Esta propuesta fue rechazada por el Ayuntamiento argumentando que la VUT sigue teniendo carácter residencial, al tratarse de propiedades privadas alquiladas ocasionalmente.

Una medida con base legal y horizonte amplio

La suspensión de nuevas VUT entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, y afectará a todo el término municipal de Cádiz. Durante los tres años de duración de esta moratoria, el Ayuntamiento prevé:

  • Finalizar la tramitación de la modificación del PGOU.
  • Implementar nuevas restricciones urbanísticas.
  • Evaluar el impacto de las viviendas turísticas por zonas.
  • Aprobar ordenanzas complementarias.

El expediente técnico lo resume de forma clara: “El trasfondo de la modificación es proteger la vivienda tradicional frente a la amenaza del uso turístico”.

Con este paso, Cádiz se suma a otras ciudades como Barcelona, Valencia o Palma de Mallorca, que ya han tomado medidas drásticas para proteger el acceso a la vivienda y frenar la turistificación. El reto ahora será garantizar la efectividad del control, supervisar el cumplimiento y acompañar estas restricciones con políticas de vivienda pública y asequible.