Indignación en Cádiz por las palabras del consejero de Justicia de la Junta de Andalucía que alientan a saltarse la ley
Asociaciones memorialistas y la oposición municipal lo califican de “aberración institucional”
Las declaraciones de José Antonio Nieto, consejero de Justicia de la Junta de Andalucía, sobre la posibilidad de incumplir la ley para que el estadio municipal de Cádiz (en el que juega el Cádiz CF) recupere el nombre de Carranza ha tenido, lógicamente, rápidas y contundentes respuestas desde distintos colectivos.
Lo que comenzó como una polémica y sorprendente declaración del consejero afirmando que “Carranza es un concepto” y que “cambiar las cosas por capricho no funciona”, ha terminado siendo calificado como un intento de legitimar el incumplimiento de la ley por parte de un consejero de la Junta de Andalucía.
Estas declaraciones del consejero han generado una reacción inmediata y enérgica desde distintos frentes. En el plano memorialista y de asociaciones socialiales, la Asociación de Memoria Histórica dice que se trata de "un desprecio institucional a la ley, a la memoria y a la democracia" o la plataforma ciudadana Carranza Incumple ha calificado las palabras de Nieto como una “aberración”.
Desde el plano político, el Partido Socialista ha denunciado un ataque directo al cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática y ha exigido su rectificación, Adelante Izquierda Gaditana (AIG) recuerda que "Carranza era un alcalde fascista, no una marca" y la vicepresidenta tercera del Congreso de los Diputados, Esther Gil de Reboleño, ha tildado de “gravísimo” que un alto cargo institucional sugiera públicamente saltarse la ley.
Todas las reacciones, tanto desde el plano memorialista y de historiadores como desde el político, coinciden en lo mismo: el consejero ha traspasado los límites institucionales al poner la identidad por encima del marco legal.
Asociación de Memoria Histórica de Cádiz: “Un desprecio institucional a la ley, a la memoria y a la democracia”
La polémica por las palabras del consejero de Justicia de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, ha provocado una inmediata reacción desde el ámbito académico y memorialista. Uno de los pronunciamientos más contundentes ha sido el del historiador José Luis Gutiérrez Molina, portavoz de la Asociación de Memoria Histórica de Cádiz, que ha calificado las declaraciones del consejero como una muestra de “asombro e indignación”, no solo por el fondo del mensaje, sino por el cargo desde el que se pronuncian. “Estamos ante un desprecio manifiesto a las leyes, en este caso a la Ley de Memoria Democrática, y eso lo dice un responsable institucional de la Justicia”, ha afirmado con rotundidad.
Gutiérrez Molina ha criticado que Nieto reduzca a un “capricho” el proceso legal que llevó a la eliminación del nombre de Ramón de Carranza del estadio municipal gaditano, un proceso enmarcado en la aplicación de leyes autonómicas y estatales. “No es un capricho quitar el nombre de un golpista a un espacio público. Es una medida democrática de recuperación de lugares que fueron colonizados por el franquismo durante décadas”, ha señalado. A su juicio, al calificar la retirada como una imposición arbitraria y defender el nombre “Carranza” como un supuesto concepto simbólico, el consejero recurre a “argumentos etéreos sin base real” y trata de disfrazar “una cuestión económica y registral” —la marca Carranza fue registrada por el actual presidente del club— con un relato emocional que no se sostiene históricamente.
El historiador ha denunciado también el uso personalista de la memoria popular por parte del consejero: “Si el señor Nieto tiene amigos que le siguen llamando Carranza, yo tengo muchos otros que desde siempre lo han llamado simplemente ‘el estadio’. Desde niño lo he escuchado así. Tenemos diferentes memorias, y desde luego, diferentes amigos”. La crítica más severa la ha dirigido a la incapacidad institucional del consejero para comprender el significado profundo de la memoria democrática: “Que la eliminación del nombre de un golpista se considere un capricho dice muy poco de su capacidad moral y democrática, y plantea serias dudas sobre su compromiso con los principios más básicos del Estado de Derecho”.
Para Gutiérrez Molina, estas declaraciones no son solo “desafortunadas”, sino que reflejan una visión ajena a la ciudad, “sacada desde fuera”, que ignora el dolor de las víctimas y el contexto histórico que motivó el cambio. “No se puede gobernar con desdén hacia la ley ni hacia la historia. Es un ataque al respeto democrático y una erosión a la legitimidad de las instituciones”.
La Plataforma 'Carranza Incumple': “Una aberración viniendo de quien viene”
Desde la plataforma ciudadana Carranza Incumple, una de las más activas en la defensa del cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica en Cádiz, su portavoz Andrés Sáinz ha calificado de “aberración” las palabras del consejero. “Más viniendo de quien viene, alguien que representa en Andalucía en temas de justicia”, ha dicho con contundencia. Sáinz ha recordado que José Antonio Nieto “ya tuvo participación directa cuando se recuperaron calles franquistas en Córdoba”, y ha señalado que “esto no tiene ni pies ni cabeza”.
“El señor Nieto habla de un concepto; Carranza no es un concepto, es algo objetivo, tangible”, ha remarcado el portavoz, que ha subrayado además que “el daño que hizo a los gaditanos es visible y se puede comprobar en el área de Transparencia”. Sáinz ha sido especialmente crítico con el uso de sentimentalismos para justificar lo injustificable: “La memoria colectiva mal entendida puede convertirse en un peligro. No cumplir la ley en nombre de la identidad es abrir la puerta al caos”.
La plataforma ha anunciado además que seguirá exigiendo que se publique el expediente completo sobre el proceso de renombramiento del estadio y ha recordado que el consejero fue reprobado en el Congreso en 2017 por su gestión política anterior. “No se puede permitir esta forma de desprecio institucional. Es una más de muchas”, concluye Sáinz.
Esther Gil de Reboleño: “Un discurso peligroso que erosiona el Estado de Derecho”
Desde Madrid, la diputada gaditana de SUMAR y vicepresidenta tercera del Congreso de los Diputados, Esther Gil de Reboleño, ha exigido de forma categórica al presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, que desautorice a su consejero de Justicia tras unas declaraciones que considera no solo impropias, sino directamente lesivas para el Estado de Derecho.
“La ciudadanía merece instituciones que cumplan y hagan cumplir la legalidad”, publicó inicialmente en redes. Sin embargo, ha ido más allá. En una nota de prensa difundida el viernes 9 de mayo, Gil de Reboleño calificó las declaraciones de José Antonio Nieto como “gravísimas”, acusándolo de alimentar “un discurso peligroso” que supone un “desprecio institucional a la legalidad democrática”.
La diputada subraya que “las leyes deben cumplirse, no solo por parte de la ciudadanía, sino especialmente por quienes ostentan responsabilidades públicas”. En ese sentido, lanza una crítica directa al consejero: “Está al servicio de la ley, no por encima de ella”. Porque si Estadio Carranza no viniera de Estadio Ramón de Carranza sería otra cosa diferente, viniendo de ahí parece que tiene poco encaje.
Gil de Reboleño recuerda además que el estadio municipal de Cádiz cambió su denominación en aplicación de la legislación vigente —estatal y autonómica— en materia de memoria democrática, por estar el anterior nombre ligado a una figura destacada del franquismo. “La posibilidad de revertir esta medida supondría una vulneración de la legalidad vigente”, advierte. Para la diputada gaditana, el comportamiento del consejero no solo es una irresponsabilidad, sino que “erosiona la confianza de la ciudadanía en las instituciones”.
Desde SUMAR, concluye Gil, “se exige una rectificación inmediata y un compromiso claro del Gobierno andaluz con el respeto al Estado de Derecho y a la memoria democrática”. La idea y el titular es que el Consejero de Justicia de la Junta de Andalucía llama a incumplir la Ley, si la gente lo identifica como suyo. Eso abre una puerta muy peligrosa...
PSOE: “El consejero de Justicia ahora quiere que nos saltemos la ley”
Desde el ámbito municipal, el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Cádiz, Óscar Torres, ha emitido una nota de prensa calificando de “barbaridad” las palabras del consejero. “Que el consejero de Justicia diga públicamente que el estadio de fútbol municipal debería llamarse Carranza, aún sabiendo que va en contra de la Ley, es una línea que no debería haberse cruzado nunca”, ha afirmado Torres, quien exige una rectificación inmediata.
Torres ha recordado que el consejero ya ha protagonizado otras salidas de tono en relación con la ciudad de Cádiz, como cuando calificó de “chorradas” las reivindicaciones por la Ciudad de la Justicia, o cuando llegó a decir que “lo de Cádiz es lamentable”. En este caso, la crítica es más grave aún por tratarse de una ley de reconocimiento a las víctimas del franquismo: “Estamos hablando de una norma que permite la recuperación de la memoria colectiva, y el consejero lo trata como un capricho”, ha sentenciado.
El portavoz socialista también ha señalado la contradicción del Partido Popular, que por un lado “vende la plataforma logística al otro lado del océano”, mientras es incapaz “de reclamar aquí inversiones para infraestructuras esenciales”.
Adelante Izquierda Gaditana: “Carranza no es una marca; es el nombre de un alcalde fascista”
Desde el grupo municipal Adelante Izquierda Gaditana, su portavoz David de la Cruz ha denunciado con contundencia la gravedad de las declaraciones del consejero José Antonio Nieto: “Aquí hay dos posibilidades y las dos son sumamente graves. O bien el consejero desconoce la ley, o bien se la quiere saltar por motivos ideológicos”.
Según De la Cruz, lo preocupante es que “todo apunta a que se siente más cercano al franquismo, a quienes protagonizaron un golpe de Estado y firmaron represión en Cádiz, que a la propia Constitución”. Ha añadido que “Carranza no es una marca como Ariel o Pepsicola, es el nombre de un alcalde fascista que firmó depuraciones contra vecinos y vecinas de esta ciudad. Que alguien que representa la Justicia se alinee con esa figura es una anomalía democrática que solo se entiende dentro del Partido Popular”.
Por su parte, la concejala Vanessa Sibón ha reclamado sensibilidad y responsabilidad institucional ante estos temas: “Estamos hablando de víctimas de la represión, de familias que aún no saben dónde están sus seres queridos, que no pueden enterrarlos dignamente”. Ha recordado los obstáculos burocráticos que siguen existiendo para acceder a pruebas de ADN y ha pedido al consejero que, al menos, “muestre empatía y piense en el dolor que aún persiste entre muchas personas por culpa de esa represión”. Para Adelante, cuestionar el cumplimiento de la Ley de Memoria no solo es un error legal, sino una falta ética con quienes siguen esperando verdad, justicia y reparación.
Deriva institucional
En conjunto, las tres reacciones reflejan una profunda preocupación por lo que perciben como una deriva institucional por parte de la Junta de Andalucía y del Partido Popular. Si la legalidad puede ser relativizada por motivos identitarios, si un consejero de Justicia puede públicamente sugerir que se ignoren las normas que él mismo debería proteger, ¿en qué posición queda la ley?
Porque parece claro que utilizar el nombre Estadio Carranza si no se viniera de Estadio Ramón de Carranza sería otra cosa diferente, pero teniendo este antecedente parece que tiene poco encaje. El mensaje es que el consejero de Justicia de la Junta de Andalucía llama a incumplir la Ley, si la gente lo identifica como suyo. Eso abre una puerta muy peligrosa...