La deuda del Ayuntamiento de Cádiz con la empresa deja sin cobrar a la plantilla de vigilancia de museos y teatros
El Consistorio adeudaría en torno al medio millón de euros a Global Servicios
El entorno al millón de euros de deuda que tiene el Ayuntamiento con la empresa de vigilancia y control de los museos y teatros municipales ha originado que la compañía no pueda hacer frente al pago de las nóminas de su plantilla.
La nómina de febrero llegó con tres semanas de retraso y la de marzo aún no ha llegado. Y se da la situación de que se trata de un centro especial de empleo. Es decir, toda la plantilla está formada por personas con algún tipo de discapacidad, lo que lo convierte en un colectivo especialmente sensible y las circunstancias que viven por estos impagos en aún más delicadas.
Está semana mismo la plantilla de auxiliares de servicio han comenzado a protestar públicamente, colgando carteles en los espacios culturales en los que trabajan para denunciar su situación y visibilizar el abandono institucional.
Desde julio de 2023, el Ayuntamiento de Cádiz tiene deudas y retrasos en el pago con Global Servicios, que ha desembocado en esta situación de impagos a la quincena de trabajadores encargados de la vigilancia y control de museos y teatros municipales.
Lo que podría parecer una incidencia administrativa es, en realidad, un caso de con consecuencias directas sobre un colectivo vulnerable, que ya no tiene algo tan básico como el cobro puntual de su salario.
Los trabajadores afectados —entre 13 y 16 personas, según los turnos y la época— forman parte de un centro especial de empleo. Es decir, todas estas personas tienen algún tipo de discapacidad y desarrollan su labor a través de la empresa Global Servicios, adjudicataria del servicio hasta la expiración del contrato en julio de 2023.
Desde entonces, el Ayuntamiento no ha adjudicado un nuevo contrato pese a que el proceso de licitación se encuentra en su fase final, dejando en el limbo a los profesionales encargados de espacios tan emblemáticos como el Castillo de Santa Catalina, el Museo del Títere, la Casa del Carnaval, el ECCO, el Baluarte de la Candelaria o el recientemente reabierto Espacio Entre Catedrales. Este último centro, reinaugurado en 2024, ni siquiera está contemplado en el pliego de 2019 que rigió los servicios hasta su vencimiento.
Global Servicios optó por continuar prestando el servicio voluntariamente tras la finalización del contrato, evitando así que los espacios culturales quedaran desatendidos. Una decisión que habla de su compromiso pero que, sin ese pago institucional, se le ha acabado volviendo en contra a la empresa, ya que la situación ha generado una grave crisis económica en Global que ha desembocado en estos retrasos e impagos en las nóminas.
La empresa ha seguido emitiendo facturas mensuales desde la finalización del contrato, ajustadas a precios de 2023 y posteriores. Sin embargo, parece que el Ayuntamiento insiste en abonar las cantidades conforme al marco económico del pliego de 2019, muy inferior a los costes actuales.
Es aquí donde el problema afecta a la plantilla, recordemos, personas con diferentes discapacidades. El Consistorio no paga las facturas actualizadas, lo que supone impagos acumulados por valor cercano al medio millón de euros. Esta cifra deja prácticamente KO a Global y pone contra las cuerdas no solo a los trabajadores de Cádiz, sino también a los servicios centrales de la empresa en Sevilla, que ya no puede sostener los gastos sin ingresos.
Todo esto se produce mientras el nuevo pliego de licitación sigue sin adjudicarse formalmente, con la empresa Cecodisa (del Grupo Osla) con la oferta mejor clasificada.
El Ayuntamiento de Cádiz, encabezado por el alcalde Bruno García de León (PP), podría resolver el conflicto levantando el reparo técnico que bloquea los pagos y firmando de forma excepcional el abono de las cantidades adeudadas. Esta solución ya fue aplicada en el pasado por el exalcalde José María González Santos Kichi, quien —apoyado en la normativa vigente— autorizó pagos en situaciones similares con otras plantillas. Sin embargo, ahora este mismo recurso legal se convierte en un obstáculo político: el actual equipo de gobierno criticó duramente esa práctica cuando estaba en la oposición, y parece reticente a aplicarla, aunque la realidad laboral exija lo contrario.
La paradoja vuelve a ser dolorosa: el Ayuntamiento tiene la fórmula para solucionar el problema, pero no lo hace por razones claramente ideológicas. Mientras tanto, los trabajadores —insistimos, personas con discapacidad— quedan atrapados entre la lentitud institucional y el juego político.