Entrada, en edificación encalada y tejas rojizas, de la Base Naval de Rota.
Entrada a la Base Naval de Rota.

Sumar exige al Ministerio de Defensa una respuesta ante los abusos laborales en la base militar de Rota

Esther Gil de Reboleño reclama al Gobierno que ponga fin a la “impunidad” de la empresa estadounidense que gestiona los servicios de la base

Actualizado:

El Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar ha llevado al Congreso de los Diputados una serie de preguntas dirigidas al Ministerio de Defensa a fin de exigir explicaciones sobre las presuntas irregularidades laborales en la base naval de Rota.

La iniciativa, presentada por la diputada gaditana Esther Gil de Reboleño, busca tratar de esclarecer si la empresa concesionaria Louis Berger Aircraft Services Inc. (LBAS), de origen estadounidense y propiedad del grupo Versar, está cumpliendo con la legislación laboral española al respercto tras las denuncias de vulneraciones de derechos por parte de los trabajadores.

El conflicto laboral se arrastra desde hace ya más de siete años y ha estado marcado por huelgas intermitentes, con despidos y la falta de acuerdo en la negociación del convenio colectivo.

La situación se agravó el pasado mes de julio, fecha en la que fue despedido el presidente del comité de empresa, un hecho que, según Sumar, constituye un nuevo episodio de “represalias sindicales” dentro de la base.

En las preguntas registradas, el grupo parlamentario exige al Ministerio que confirme si la empresa LBAS ha sido sancionada por las más de 30 infracciones que fueron detectadas por la Inspección de Trabajo, entre ellas, vulneraciones del derecho de huelga.

Sumar reclama que el Gobierno aclare si dichas infracciones son de obligado cumplimiento y si se están aplicando de forma efectiva las sanciones correspondientes.

La diputada Esther Gil de Reboleño ha advertido que “no puede haber espacios de excepción dentro del territorio español”, subrayando también que “la empresa concesionaria no puede actuar al margen de la ley ni escudarse en su carácter estadounidense para eludir responsabilidades”.

En este sentido, Sumar pide al Ejecutivo que detalle si los acuerdos de tipo bilateral de Defensa entre España y Estados Unidos incluyen algún tipo de excepcionalidad respecto a la aplicación de la normativa laboral española en el interior de la base militar.

“Estamos hablando de vulneraciones graves del derecho de huelga, de despidos antisindicales y de una clara dejación de funciones por parte de la empresa”, denunció Gil de Reboleño en el documento que ha sido remitido al Congreso.

¿Un régimen laboral de excepción dentro de la base de Rota?

El grupo parlamentario también solicita que el Ministerio de Defensa aclare si, en el interior de una instalación militar como la base de Rota, es aplicable el convenio de handling de los aeropuertos civiles españoles, que regula las condiciones laborales del personal de tierra.

Según Sumar, aunque las bases militares presentan distintas condiciones especiales de seguridad, secreto y peligrosidad, ello no puede suponer una “exclusión del marco laboral común” que protege a los trabajadores en el territorio nacional.

“Los trabajadores españoles que prestan servicio en la base de Rota no pueden quedar al margen de la legislación laboral de nuestro país, ni estar sometidos a un régimen de excepción por el mero hecho de que la empresa sea estadounidense o de que la base tenga carácter militar”, afirmó la diputada gaditana.

Para Sumar, la cuestión trasciende el conflicto laboral concreto y afecta a principios básicos del Estado de Derecho.

En su iniciativa, el grupo enfatiza que la defensa de los derechos laborales es una cuestión también de soberanía nacional y exige que el Ejecutivo “asuma su responsabilidad política” garantizando que toda actividad económica en territorio español se rija por las leyes del país.

La diputada Gil de Reboleño finaliza diciendo que “no se puede permitir que empresas extranjeras, amparadas en contratos con el Ministerio de Defensa, vulneren derechos básicos de los trabajadores españoles”.

Reclama igualmente al Gobierno que intervenga de manera inmediata para restablecer la legalidad y evitar que el conflicto continúe deteriorando las condiciones laborales en una de las instalaciones estratégicas más importantes del país.